Tal y como informó este martes la Cámara Alta en un comunicado, se trata de la primera regulación del uso de la IA en un Parlamento español y en ella se establecen "los principios éticos y jurídicos para su buen uso". Entre ellos, la necesidad de "supervisión humana", además de la privacidad y protección de datos personales o transparencia.

En este sentido, con esta norma interna el Senado se dota de unos estándares que regulan la adquisición y despliegue de los sistemas de IA que "maximicen el respeto" a dichos principios. Y pone énfasis en que cualquier resultado obtenido a través de esta tecnología "siempre" tendrá que ser revisado por personas, sobre todo en aquellas materias y casos que "afecten significativamente a los derechos y libertades o al funcionamiento institucional del Senado".

Y es que la Cámara Alta considera que "tiene sentido" usar "el potencial transformador de la IA", aunque deja claro que su utilización "debe ser responsable, confiable, legítima, respetuosa con la autonomía humana, transparente y proporcionada a las necesidades de la Cámara". Por ello, plantea dichas directrices con el fin de garantizar el aprovechamiento, "en la mayor medida posible y siempre salvaguardando los puestos de trabajo y los derechos del personal de la Cámara", de las bondades de la IA para "asegurar el mejor servicio a la ciudadanía, a sus libertades y a nuestra democracia, minimizando los riesgos que su utilización conlleva".

Al mismo tiempo, deja claro que la adquisición y despliegue de sistemas de IA deberá ser supervisada por la Comisión de Seguridad de la Información del Senado y que antes de implantarlos llevará a cabo una evaluación de impacto "con las debidas adaptaciones a la especificidad de la Cámara".

Y añade que extremarán las precauciones para que, "en ninguna circunstancia" se introduzca en el sistema de IA "información sujeta a secreto parlamentario" y para que los datos introducidos por los usuarios del Senado no se utilicen para el entrenamiento de ningún modelo de IA.