La iniciativa de los populares figura en una moción que fue aprobada en las votaciones del Pleno de la Cámara Alta, donde recibió 146 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones.

En el debate, UPN anunció su voto a favor de la iniciativa, mientras que Vox no logró que se aceptase una enmienda que habíanpresentado al texto de los populares. Se opusieron al texto el PSOE, Junts y la Izquierda Confederal.

En el redactado de la moción se afirma que “las injerencias, las presiones políticas e, incluso, las ofensas contra la labor independiente de jueces y tribunales se encuentran entre los principales exponentes de la deriva antidemocrática del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, cuya intensidad y acritud han ido creciendo en paralelo con los graves y abundantes casos de corrupción que le rodean”.

“ATAQUE FRONTAL”

El texto sostiene que “los ataques del presidente y de distintos ministros a los jueces que investigan los casos de corrupción que les salpican, se han convertido ya en una costumbre que, por mucho que el Gobierno pretenda normalizarla, es intolerable dentro de un Estado democrático y de derecho”.

Por este motivo, la moción concluye que, con el apoyo de los senadores a favor de la iniciativa, la Cámara Alta “reprueba las constantes injerencias, las presiones políticas intolerables y las declaraciones ofensivas del presidente y de los miembros del Gobierno contra la labor independiente de jueces y tribunales, en particular en todas las causas judiciales relacionadas con casos de corrupción cuya responsabilidad política afecta directamente al presidente o a su Gobierno”.

También se “reprueba en especial las intromisiones y los infundios lanzados por el Gobierno contra el Tribunal Supremo y sus magistrados con motivo del procedimiento judicial resuelto con la condena e inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz”.

También se alude a que “esta estrategia de confrontación permanente contra el Poder Judicial descalifica absolutamente al Gobierno, por constituir un ataque frontal contra la independencia judicial y el principio de separación de poderes”. Se acusa también a Sánchez de no respetar la separación de poderes y estar protagonizando un “ataque frontal contra el Estado democrático y de derecho consagrado” en la Constitución.

“FRONTERA DEMOCRÁTICA”

Durante el debate, el senador del PP Antonio Silván consideró que esta no era una “moción más”, puesto que el Gabinete de Pedro Sánchez estaba superando una “frontera democrática” con su ataque a los jueces.

Silván censuró que el Ejecutivo ya no “acata” cuando se pronuncian los tribunales, sino que “ataca”. Sostuvo que desde La Moncloa se está produciendo un “hostigamiento institucional” y una “intimidación” a los magistrados.

Por su parte, Dionís Oña, en nombre del PSOE, recordó que cuando estalló el ‘caso Gürtell’ el PP dijo que era una “causa general” contra esta formación política y que un miembro de este partido llegó a llamar al juez Santiago Pedraz “pijo ácrata”.

A su vez, Paloma Gómez, de Vox, proponía al PP unos cambios normativos en la enmienda a su moción, que los populares no aceptaron, pero acusó al Gabinete de Sánchez de “atacar todos los días” a jueces, medios informativos y oposición.

Asimismo, María Caballero, de UPN, llamó a dejar trabajar a los jueces con “independencia” y destacó cómo en Navarra ya ha dimitido el responsable de Obras en relación con el ‘caso Koldo’. Declaró que esta renuncia antecede a la de la presidenta regional, María Chivite, que, a su juicio, es “la que se cuadraba” ante Santos Cerdán.

Por su parte, Eduard Pujol, de Junts, afirmó que rechaza el sistema judicial español en general y propone al PSOE "que rompa con el régimen del 78". Añadió que que "la democracia española se tiene que pasar un buen rato dentro de una bañera de agua caliente para que la porquería se tiene que ablandar", en referencia a funcionamiento de instancias como los tribunales.