Con 142 votos en contra, 114 afirmativos y tres abstenciones, el Senado rechazó la moción presentada por el Grupo Socialista que se apoyaba en el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que recientemente instó a la Comunidad de Madrid a que inicie de forma inmediata los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE).

La moción rechazada con los votos de PP y Vox urgía al Ejecutivo a "garantizar la implementación, por parte de las administraciones autonómicas", de dicho registro. En la defensa de la moción , el socialista José Manuel Franco hizo un repaso por los “avances” normativos que han reconocido “los derechos de las mujeres” y atribuyó al PSOE “esta medalla”.

Por su parte, la senadora de VOX Paloma Gómez Enríquez, por el Grupo Parlamentario Mixto, afirmó que el Gobierno no quiere con esta moción “proteger la libertad” sino establecer un “control político” sobre una cuestión de conciencia de los médicos.

La parlamentaria Carla Delgado, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, defendió que es la ministra de Sanidad, Mónica García, quien está “luchando” para que cumpla la ley en todo el territorio nacional.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, Nerea Ahedo defendió la creación del registro de objetores y calificó a la Comunidad de Madrid de “insumisa”, para recodar que “la ley hay que cumplirla”, y calificó de “estrambótica” la situación en la que el Senado tiene que debatir una moción para que se cumpla la ley.

La senadora del BNG, por el Grupo Parlamentario Plural, destacó que la moción “solicita una obviedad” que es el cumplimiento de la ley. Afirmó que es “una forma silenciosa” de poner trabas a los derechos de las mujeres. Una fórmula que dijo se utiliza en Galicia. En la misma línea se manifestó la parlamentaria de EH Bildu, Olaia Duarte, del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el que fuera consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defendió que el registro no sirve para mejorar la coordinación del servicio sanitario ni “aporta garantías asistencias”, pero “identifica profesionales que objetan” y, añadió, “abre la puerta al señalamiento y la estigmatización”.