Según se recoge en el orden del día del Pleno del Senado previsto para la próxima semana, el miércoles tendrá lugar el debate relativo a los objetivos de estabilidad presupuestaria, que son el paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

También se debatirá el Plan de Reequilibrio y, al final de la sesión, ambos puntos se votarán. Este jueves, el Gobierno aprobó por segunda vez en el Congreso de los Diputados la senda y, durante su intervención, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al PP de votar en contra, tanto en el Congreso como en el Senado, “con el único objetivo” de “dilatar y demorar la actuación del Gobierno de cara a la presentación y a la tramitación de los Presupuestos”.

La ministra destacó que los ‘populares’ “se equivocan si piensan que votando en contra de los objetivos de los subsectores no se puede formular propuesta de Presupuestos”. Así, pidió al PP explicar “las contradicciones en las que incurre haciendo esa hipótesis”, así como ser “coherente” y actuar “por el interés general”. “No perjudiquen a los territorios donde gobiernan”, remachó.

También volvió a avisar de que si el PP bloquea de nuevo la senda en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, se volvería a la que se plasmó en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, más exigente, a tenor de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que maneja el Ejecutivo y que no ha hecho público.

Durante el debate en el Congreso, El PP adelantó que volverá a votar en contra de la senda de déficit, mientras que Montero reprochó al PP su “oferta engañosa de diálogo”, por querer “negociar con el Gobierno” los objetivos “cuando lo que quieren es una rebaja de impuestos”. Así, cerró la puerta a un posible acuerdo con el PP para evitar el veto de los objetivos en el Senado.

El 10 de enero la senda de déficit y deuda pública recibió por primera vez el visto bueno en el pleno del Congreso en una segunda votación. A principios de febrero el PP tumbó en el Senado los objetivos, con lo que el Gobierno volvió a aprobar en Consejo de Ministros la misma senda de déficit y deuda pública para de nuevo iniciar el proceso.

MISMOS OBJETIVOS, SEGUNDA VOTACIÓN

Así, los objetivos recogen que las cifras de déficit de todas las administraciones públicas será del 3% para 2024, bajará al 2,7% de 2025 y al 2,5% en 2026, tal y como se remitió a Bruselas en el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, la previsión es que en 2024 baje al 106,3%, al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026. Estas cifras son casi tres puntos menos en 2024 y 2025 y otros dos menos en 2026 con respecto a lo recogido en el Programa de Estabilidad de abril. Por subsectores, las comunidades autónomas situarán su deuda en el 21,7% en 2024, en el 21% en 2025 y en un 20,3% en 2026, y las entidades locales llegarán al 1,4% en 2024 y al 1,3% tanto en 2025 como en 2026.

Para 2025 y 2026, las comunidades y los ayuntamientos tendrán equilibrio, mientras que la administración central bajará su déficit al 2,6% y 2,5%, respectivamente. En el caso de la Seguridad Social, para este subsector se espera un déficit de dos décimas el próximo año, de una en 2025 y equilibrio en 2026.

PP Y PNV PIDEN CONOCER EL INFORME DE LA ABOGACÍA

El PP del Senado envió un escrito al presidente de esta institución, Pedro Rollán, en el que le pide que reclame el informe de la Abogacía del Estado que el Ministerio de Hacienda esgrime para sortear la facultad de la Cámara Baja de bloquear la aprobación de los objetivos de estabilidad.

El escrito, registrado y firmado por el senador popular Javier Arenas, recuerda que él mismo pidió el pasado 12 de diciembre el dictamen supuestamente elaborado por la Abogacía del Estado que, según advirtió Montero, le iba a permitir evitar el veto del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria para la elaboración de los Presupuestos.

En esa línea se posicionó el jueves el PNV en su intervención, quien apoyó los objetivos para sacar adelante las cuentas públicas, pero reclamó a Montero conocer el informe de la Abogacía del Estado al que tanto hace referencia.