Esa norma comunitaria dejará de condicionar la recepción de las ayudas públicas a prácticas que fomenten la sostenibilidad agraria.

Además, la propuesta quiere limitar el número de inspecciones que comprueban el cumplimiento de las normas sociales y ambientales. Estas medidas forman parte de un amplio paquete de propuestas que aspiran a ser permanentes.

“Sacrificar un Pacto Verde Europeo, que ni siquiera se ha puesto en marcha, por la crisis del campo es una irresponsabilidad. Los precios inadecuados o la competencia desleal no se solucionarán con acuíferos agotados, suelos desertificados y el cambio climático operando en límites imprevisibles”, apuntó Celsa Peiteado, responsable del programa de alimentos de WWF España.

Peiteado añadió: “Seguir llamando a incrementos de la productividad cuando un tercio de los alimentos acaban en la basura sí es la ruina del campo. Vivimos un retroceso sin precedentes en aspectos ambientales. Y, lo peor, es que todo ello será a costa de la agricultura familiar”.

“TRANSICIÓN AGROAMBIENTAL”

Por su parte, Ana Carricondo, coordinadora de Programas de Conservación de SEO/BirdLife, consideró “imprescindible” acompañar la “transición agroambiental” con medidas que incentiven la participación y aceptación de los agricultores, como formación y asesoramiento, así como “cubrir los impactos socioeconómicos a corto plazo del cambio de modelo cuando sea necesario”.

“La política pública debe buscar la generación de bienes públicos, lo que incluye la seguridad alimentaria a largo plazo, protegiendo los recursos naturales de los que depende”, subrayó Carricondo, quien agregó: “Eso requiere asegurar un mínimo de sostenibilidad ambiental en todas las explotaciones que participan de la PAC, algo que hasta ahora no se ha conseguido con las distintas medidas voluntarias puestas a disposición”.