La patronal recogió esas medidas en sendos informes, “Propuesta de modificación de la normativa de contratación del sector público” y “Propuesta normativa para el impulso de la inversión mediante modelos de colaboración público-privada”, elaborados por Ernesto García-Trevijano Garnica y José María Gimeno Feliú.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo de contratación pública “más eficiente, flexible y alineado con las nuevas exigencias europeas” y avisó de que España tiene “una regulación de la contratación pública que es urgente modernizar y adaptar para realizar”.

Núñez pronosticó que, durante la próxima década, las inversiones prioritarias de España ascenderán a 407.000 millones de euros, con 280.000 millones en creación de infraestructura y 127.000 millones en conservación y mantenimiento.

“Esta adaptación de la regulación debe, además, fundamentarse en procesos de colaboración público-privada, con la recuperación, entre otras medidas, del modelo concesional”, dijo en su intervención en unas jornadas en el Congreso.

PROPUESTAS DE SEOPAN

Las medidas de están orientadas a renovar y adaptar el sistema de contratación pública a la realidad actual para hacerlo más eficiente, transparente e innovador, así como para agilizar los procedimientos de adjudicación y la ejecución de los contratos e impulsar la resolución ágil de disputas.

Los estudios de Seopan identificaron algunas de las debilidades del sistema de contratación pública, como la inexistencia de colaboración público-privada en sus distintas configuraciones o la falta de un sistema de reequilibrio de los contratos desde la aprobación de la normativa de desindexación.

Seopan denunció que esto está afectando “gravemente” a la ejecución de los contratos públicos, ya que los costes de los materiales y la energía se ha disparado en los últimos años, como consecuencia de la pandemia, la guerra en Ucrania o el actual conflicto en Oriente Medio.

Asimismo, la patronal avisó de las dificultades para incorporar criterios estratégicos de innovación y calidad en los contratos públicos, donde muchas veces prima el precio como único elemento decisor de las adjudicaciones.

Para hacer frente a estas carencias, las propuestas de Seopan plantearon aplicar los encargos a medios propios únicamente a supuestos realmente excepcionales, limitar la prohibición de contratar a situaciones relacionadas con la preparación y la ejecución del contrato conforme establece la Directiva comunitaria y reformar el sistema de clasificación de contratistas para hacerlo más eficiente y adaptado a la realidad del mercado.

Por otro lado, se expusieron nuevos modelos de contratación colaborativa, con mecanismos de reequilibrio económico-financiero de los contratos en todas sus fases. También una agilización de los procedimientos de planificación y aprobación de proyectos y documentación contractual.

Otras de las propuestas pasan por actualizar los precios durante las fases de preparación y adjudicación de las licitaciones y recuperar la obligatoriedad de su revisión en los contratos públicos, suspendiendo la aplicación de la normativa de desindexación a los contratos del sector público.

La contratación pública representa el 4,8% del PIB en España y el 14% en la Unión Europea (UE), según datos de la Comisión Europea expuestos en esta jornada.

En el acto, García-Trevijano expuso las medidas orientadas a agilizar y flexibilizar la contratación pública, como la implementación de mecanismos ágiles de resolución de disputas mediante arbitraje, la obligatoriedad de la revisión de precios, la mejora de los sistemas de pago y certificación y el refuerzo del equilibrio económico en los contratos de concesión.

Por su parte, Gimeno Feliú defendió la propuesta normativa para impulsar la inversión mediante modelos de colaboración público-privada, con una regulación específica, en un texto independiente a la Ley de Contratos.

Seopan alertó de que la normativa de desindexación ha paralizado la colaboración público-privada y ha dificultado el equilibrio económico de los contratos públicos. Para ello, recomendó reformar su regulación para reactivar las concesiones, que suponen tan solo el 0,1% de la licitación pública nacional, y recuperar la revisión obligatoria de precios en todos los contratos.

La patronal añadió que el 19,2% de los contratos de concesiones no se adjudican por quedar desiertos, desistidos o renunciados.