Según explicó Núñez en un diálogo organizado por 'El Español' junto al director financiero de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Alberto Alonso, en España, desde la aprobación de la Ley de Desindexación en el año 2015, la contratación es apenas inexistente. "En España la actividad concesional representa el 4% de la contratación pública, en la UE representa más del 12% y casi un 18% de las concesiones quedaron desiertas", afirmó, y pidió exceptuar el modelo concesional de la Ley de Desindexación y mejorar la matriz de riesgos entre los actores públicos y privados.

"En España somos muy competitivos a la hora de ejecutar obra pública. Se ejecuta con un nivel de precio-calidad mucho mejor que en otros países pero cuando llegamos al sistema concesional no somos competitivos", afirmó Santos, quien destacó que hay empresas españolas ejecutando concesiones en todo el mundo menos en España. En este sentido, apeló a un cambio en la normativa más flexible y menos centrada en el control del gasto público y con mayor distribución de riesgos entre inversor privado y administración público.

Asimismo, afirmó que España tiene una normativa relacionada con el desarrollo de obra pública "compleja, poco ágil, lenta y cambiante". "Esto no gusta, el inversor privado lo que quiere es agilidad y seguridad jurídica", destacó la presidenta de Anci, quien apeló a un cambio regulatorio para ser más competitivos y mejorar la regulación público-privada.

CAMBIO NORMATIVO

Por otra parte, Julián Núñez manifestó que Seopan ha remitido al Gobierno un informe donde recoge la idea de crear un nuevo libro que sirva de apéndice en la Ley de Contratos del Sector Publico que sirva como apéndice de los contratos de colaboración público-privada. "Hay que reordenar para incluir modelos colaborativos e incluir contratos como los geoestrategicos. Queremos incluir una normativa más eficiente", aseveró.

Por su parte, Santos se mostró poco optimista respecto a una derogación de la Ley de Contratos del Sector Público. "Es una ley que cualquier gobierno ve como una herramiento útil para controlar el gasto público. Si que veo posible introducir una alternativa para estudiar caso a caso la rentabilidad en función del riesgo", explicó la presidenta de ANCI, quien también pidió mejorar en la Ley de Contratos del Sector Público la mejora del concepto de riesgo operacional.

Por último, el director financiero de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Alberto Alonso, señaló que la rentabilidad no puede estar limitada al 5% cuando hay empresas españolas internacionalizadas que acuden a terceros países con rentabilidades del 10-12%. "Todo parte de una visión muy limitante y poco liberal de la contratación pública, de no creer que la competencia no va a hacer mejores", lamentó.