El estudio, basado en 10.019 entrevistas a población residente en España de 16 o más años, analiza las percepciones sociales sobre prostitución y pornografía y su relación con la igualdad, la seguridad y los derechos humanos. Según los datos, el 68,9% de las personas encuestadas está “bastante o muy de acuerdo” con que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, porcentaje que asciende al 75,1% entre las mujeres. Además, el 79,1% considera que esta práctica “pone en riesgo la dignidad de quienes la ejercen” y más del 75% cree que la mayoría de las mujeres prostituidas son “víctimas de explotación sexual”.

El 79,8% rechaza que la prostitución sea “una forma de ejercer la libertad sexual” y más de tres cuartas partes de la población niega que pueda considerarse “un trabajo como otro cualquiera”. Asimismo, el 82% opina que pagar por mantener relaciones sexuales es “un comportamiento más propio de los hombres”.

En el ámbito familiar, al 63% le parecería “mal” que un hombre de su entorno pagara por sexo, rechazo que se eleva al 71,1% entre las mujeres. Además, el 91,2% de las mujeres afirma que “no mantendría una relación de pareja con alguien que pague por prostitución”.

En cuanto a las medidas para erradicar esta realidad, el 85,6% considera que “castigar a quienes se lucran con la prostitución ajena contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas” con fines de explotación sexual. La pena de cárcel es la sanción “más mencionada” (82,4%) para quienes obtienen beneficios de la prostitución de otras personas.

Respecto a la pornografía, el 71,6% de la población cree que “fomenta la violencia contra las mujeres” y el 93,3% considera necesario “limitar el acceso de las personas menores a estos contenidos”. Además, siete de cada diez encuestados entienden que pagar por visualizar actos sexuales en plataformas online constituye “una forma de prostitución”. El 95% opina que las plataformas digitales “deben estar obligadas a eliminar contenidos sexuales no consentidos”, incluidos aquellos “generados o difundidos sin autorización”.

El Ministerio de Igualdad señaló que los resultados reflejan un “rechazo mayoritario a las posiciones que normalizan la prostitución” y evidencian una “percepción social crítica” tanto hacia esta práctica como hacia la pornografía, vinculándolas con la desigualdad y la violencia contra las mujeres.