Así lo explicaron diputados de estas formaciones en una rueda de prensa conjunta en la Cámara Baja, donde explicaron que esta iniciativa “propone y garantiza el requisito de competencia lingüística en la Justicia y la función pública en comunidades con lengua propia” y reclama “validez plena de documentos y actuaciones en lenguas oficiales sin necesidad de traducción”.

Esta norma exige “procedimientos administrativos y plataformas digitales disponibles en todas las lenguas oficiales; criterios lingüísticos en la contratación pública y en ámbitos sectoriales como Consumo, Transportes, Seguridad, y Audiovisual, y que “la lengua propia sea nuclear y de dominio equivalente con el castellano al finalizar la etapa básica” en educación.

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro explicó que han hablado con Junts, pero que este partido se “ha autoexcluido” de este proyecto y por eso no lo firma. Pese a ello, esperó que “se lo repiensen y puedan subirse a este barco”, ya que “sería raro que no estuviera” junto al resto de diputados firmantes.

También señaló que se ha hablado con el PSOE y que este partido está “abierto al trámite”, pero que hay cuestiones de la iniciativa que son “más difíciles” para este partido, como “todo lo que afecta al Poder Judicial”. Por ello, el diputado republicano garantizó que seguirán hablando con los socialistas.

INICIATIVA

Álvaro comentó que el redactor de esta ley es Joan Ridao, exdiputado de ERC en el Congreso y “reputado jurista especializado en la cuestión lingüística”. Esta norma, dijo, está “muy bien pensada”, quiere ser “eficaz” y “no es de principios, es de aplicación”, por eso “lo deja todo muy claro” y contiene un texto “quirúrgico”.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que esta proposición de ley, firmada por 24 diputados que representan a 7 grupos parlamentarios diferentes, trata de “compensar” una “anomalía tan clara como que la gente que habla, siente, piensa y quiere en lenguas como el euskera, gallego, catalán no pueda expresarse en sus idiomas”.

Asimismo, incidió en que esta norma “está abierto a otras formaciones políticas que, por lo que sea, no están todavía en esto”, refiriéndose al partido de Carles Puigdemont. Lo prioritario para Rufián “es que salga adelante, que se haga”, ya que esta iniciativa “no va en contra de nadie, no tendría que ofender a nadie”.

EUSKERA

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ensalzó que hoy es “un día muy importante” porque “ante la ofensiva política y judicial que está sufriendo el euskera, es imprescindible aumentar” su “protección jurídica” y esta iniciativa le dará “un refugio jurídico más adecuado y contribuirá a equilibrar la asimetría estructural que hay” con el castellano.

Como ejemplo, subrayó que con los cambios que introduce la ley “se conseguirá que los ayuntamientos e instituciones establezcan las cláusulas lingüísticas en las contrataciones públicas con total seguridad jurídica para poder dar así un salto importante en la normalización institucional del euskera”.

Para Aizpurua, es “determinante que el Estado reconozca su carácter plurilingüe” y aseguró que el euskera necesita “imperiosamente” una nueva política lingüística, una política pública “valiente” y un “nuevo refugio jurídico” y con la iniciativa de hoy “daremos un paso más en ese intento de avanzar en ese estatus jurídico que precisa el euskera”.

A su vez, la portavoz del PNV en esta Cámara, Maribel Vaquero, lamentó que “no está garantizando que aquellas personas que tenemos más de una lengua oficial podamos utilizarla con total normalidad y mucho menos en los servicios que ofrece la Administración General del Estado”. “Queremos que todas las lenguas, en todos los pueblos, sean garantizadas”, espetó.

EMERGENCIA

La diputada de Compromís Águeda Micó avisó de que la Comunidad Valenciana vive “un momento de emergencia lingüística” porque el gobierno del PP y Vox está llevando a cabo “un retroceso gravísimo de la posibilidad del uso de la lengua”, por eso es “tan importante” la aprobación de esta iniciativa”.

Esta proposición de ley, subrayó, quiere “proteger un derecho fundamental para aquellas personas que vivimos, pensamos, queremos y queremos hacer nuestra vida en nuestra lengua”. Por este motivo, garantizó que los diputados firmantes pelearán “para que todos los grupos del Congreso” la apoyen.

También desde Compromís, Alberto Ibáñez deploró que en estos momentos PP y Vox están negociando que el presidente Pérez Llorca sea el que asesine el valenciano en la ciudad de Alicante, el que retire la protección a nuestra lengua”. Por ello, puso en valor que esta iniciativa es “un paso importante para proteger una lengua que es patrimonio de todos los valencianos”.

Destacó que un día del 20 de noviembre, “del día en que el dictador murió en su cama, presentamos una ley que va a proteger la lengua” por la que algunos “fueron perseguidos”, recordando que a su abuelo “le pegaban en la escuela por hablar valenciano”. “Ahora voy a proteger que mis hijas puedan hablar, aprender y sentir en valenciano”, sentenció.

DERECHOS

Desde Més per Mallorca, Vicenç Vidal aclaró que “queremos una cosa tan sencilla como vivir en nuestra lengua con normalidad y que se garanticen nuestros derechos”, ya que actualmente se está haciendo frente “a un contexto muy adverso en las Islas Baleares”, ya que en esta comunidad “se erosiona cada día nuestra lengua”.

Por el BNG, Néstor Rego apuntó que esta iniciativa es “un paso fundamental” para “el reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado, para la normalización real y efectiva del gallego, del conjunto de nuestras lenguas”. “Los derechos lingüísticos forman parte de los derechos humanos”, arguyó.

En este sentido, lamentó que los gallegos “no ven reconocidos en la práctica el ejercicio de sus derechos lingüísticos” y denunció que existe una “asimetría muy grande con el castellano”. Por ello, con esta iniciativa se trata de “garantizar que las administraciones del país se puedan relacionar con la Administración del Estado en nuestra propia lengua”.

Finalmente, la coordinadora nacional de los Comuns, Candela López, alertó de que el catalán vive “una situación de emergencia en Cataluña” porque su uso social “está en retroceso”. Además, apostó por “poder frenar este ataque constante por parte de la derecha y la extrema derecha a nuestros derechos lingüísticos”.