Este contrato, que acaba el 30 de junio, contiene una clausula de prórroga hasta el año 2027. El pasado 10 de junio, ERC presento una Proposición No de Ley en el Congreso al Gobierno en la que pide al Gobierno de España -el Estado es el accionista mayoritario de Sareb a través del FROB-que rompa los contratos de servicios que tiene esta compañía tanto con Hipoges como con Aliseda-Anticipa (propiedad del fondo Blackstone).

Según explicaron ambas asociaciones, el fondo KKR, propiedad de multitud de eventos musicales como el Viña Rock o el Sónar, recibe cada año hasta 90 millones de euros anuales en comisiones a través del contrato que cede la gestión de la Sareb. "Millones de euros que financian armamento israelí y ocupaciones contratistas al Derecho Internacional", lamentaron ambas entidades.

Para el Sindicato de Inquilinas romper este acuerdo "no solo es una cuestión internacionalista en un contexto de genocidio, también lo es de justicia social", ya que "implica dejar de financiar con dinero público a un fondo buitre que ha contribuido al desmantelamiento de la vivienda pública en nuestro país".

"El boicot funciona, pero debemos seguir presionando y movilizándonos para acabar con todo vínculo de nuestro gobierno con el sionismo. El Estado español es cómplice del genocidio en Palestina a través de este tipo de acuerdos, que canalizan fondos públicos hacia intereses empresariales que colaboran directamente con el régimen de ocupación israelí", aseguraron ambas organizaciones.