Así lo indicaron en una nota de prensa difundida este jueves, día en el que están convocados a asistir a la reunión convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del grupo de trabajo que propondrá una regulación de este tipo de alquileres.

Las organizaciones señalaron que la reforma de los contratos de temporada y los alquileres de habitación es “una necesidad para todas las personas que vivimos de alquiler debido a los numerosos fraudes de ley”. Apuntaron que, “de manera generalizada, los rentistas están utilizando este tipo de contratos para evitar aplicar los pocos derechos de los inquilinos que actualmente se recogen en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)”.

Asimismo, indicaron que durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda “ya se advirtió de la previsible fuga de contratos” de alquiler de vivienda habitual a contratos temporales o de habitación. Según el Sindicato, el PSOE se negó a incorporarlo porque “quería garantizar que los caseros tuvieran un escape a su propia ley para que los beneficios procedentes de las rentas del alquiler no se vieran mermados de ninguna manera”.

La propuesta de los Sindicatos de Inquilinos va encaminada a que se apliquen los derechos reconocidos a las inquilinas en la LAU también en los contratos de temporada y de alquiler de habitación. Su propuesta serviría para “paliar el fraude de ley masivo que están llevando a cabo las entidades mercantiles y los caseros dedicados al alquiler de viviendas”.

De esta manera, el alquiler de habitaciones “dejaría de tener el atractivo especulativo que tiene actualmente”. Por otro lado, el contrato de temporada también “dejaría de usarse de manera fraudulenta ya que los efectos previstos buscan reducir su uso únicamente a los casos excepcionalmente justificados”.

Además, señalaron que toda modificación legislativa en materia de vivienda “quedará sin efecto si no se aplica un régimen sancionador a quién incumpla la regulación”. Sin inspectores especializados en materia de vivienda y sin sanciones, prevén que el fraude “continúe tal y como se aprecia en el cobro de los honorarios a los inquilinos a pesar de la modificación legislativa que prohíbe este cobro”.

PRIORIZAR A LA PATRONAL

Las organizaciones criticaron también que la composición de este grupo de trabajo “prioriza al sector que asume la vivienda como un bien de mercado”, ya que este sector triplica en número al de las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda. Con esta composición es “evidente cómo la mercantilización de la vivienda va a quedar patente en las conclusiones de la reunión”.

En el grupo participan representantes del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, sindicatos CCOO y UGT, CEOE, Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, además de los Sindicatos de Inquilinos.

Los sindicatos de inquilinos lamentan que el Gobierno y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estén dejando clara “su comprensión de la vivienda como un bien especulativo y sus prioridades políticas para esta legislatura”.