Esto incluirá a las personas con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, y al personal de Instituciones Penitenciarias. En total, más de 246.000 empleados públicos se beneficiarán de esta medida.

El texto acordado fija un cómputo anual de 1.533 horas, lo que supone una reducción de 109, adapta la jornada de especial dedicación y establece criterios claros sobre los horarios de presencia, de forma que se da mayor seguridad jurídica y homogeneidad a su aplicación en toda la Administración.

El secretario del sector de Administración del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, destacó que no se excluya a ningún colectivo ni organismo de la AGE, y se mostró satisfecho ante un acuerdo que busca “el bienestar de los trabajadores y la mejora de sus condiciones redundará en beneficio del servicio público”.

Por su parte, CCOO precisó en un comunicado que estarán vigilantes para que la implantación de la jornada de 35 horas “no sea una medida electoralista que ponga en riesgo los servicios públicos”.

La reducción de la jornada laboral a 35 horas para la AGE estaba recogida en el 'Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI', firmado entre UGT, CCOO y el Gobierno en 2022.

No obstante, en este tiempo, CSIF también ha defendido su implantación. El sindicato calificó de “histórico” el acuerdo alcanzado este viernes y resaltó su ámbito de aplicación, que incluye a las empresas públicas.

CSIF valoró que las administraciones públicas hayan sido “punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales” y espera que las 35 horas favorezcan “la conciliación y el bienestar, la productividad y la generación de empleo”.

Función Pública tiene 15 días para publicar una resolución sobre jornada y horarios y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.