Así lo manifestaron el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, tras una reunión este viernes en la sede del Ministerio de Seguridad Social, celebrada después de que esta madrugada las dos fuerzas del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) alcanzaran un acuerdo que incluye medidas que ya cuentan con el visto bueno de la UE.

Con todo, explicaron que todavía “hay asuntos pendientes” y que tendrán que analizar pormenorizadamente las propuestas y los números puestos sobre la mesa y volverán a reunirse nuevamente el lunes.

El pacto incluye medidas como la subida de las bases máximas de cotización y la posibilidad de que los ciudadanos elijan dos períodos diferentes de cómputo de la pensión. Una de ellas será la vigente (los últimos 25 años de la carrera profesional), que los sindicatos y las fuerzas parlamentarias que apoyan la acción del Gobierno no querían ampliar.

La otra alternativa será un plazo de 29 años, eliminando los dos peores ejercicios de la vida laboral. Estas dos fórmulas coexistirán durante dos décadas y, a partir de 2043, la fórmula que sobrevivirá será la de 29 años.

Con todo, esta propuesta ha ido siendo rebajada por el Ministerio de Seguridad Social, ya que el ministro José Luis Escrivá defendía hace pocas semanas elevar el plazo hasta los 30 años, eliminando los dos peores. Al ofrecer estas dos alternativas, el Ejecutivo logra sortear las posiciones encontradas de los sindicatos y los partidos de izquierda y la Comisión Europea.

BASES MÁXIMAS

Como medida para reforzar los ingresos, destaca la subida de las bases máximas que, entre 2024 y 2050 lo harán a un ritmo del 1,2% anual añadido a la inflación media de cada año calculada en noviembre. De su lado, las pensiones máximas se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 puntos acumulativos cada año hasta 2050.

Todo ello, según explicó Carlos Bravo, supondrá que las bases máximas aumentarán un 38% hasta 2050 y la pensión máxima un 38% en un plazo algo mayor. Aunque los sindicatos valoraron positivamente la medida, consideraron que hubiera sido mejor hacer un destope total.

Además, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es una cotización añadida del 0,6% que entró en vigor este año para reforzar la ‘hucha de las pensiones’, y que para los trabajadores supone un coste de 0,1 puntos y para las empresas de 0,5, se va a incrementar. En primer término, pasa de estar vigente no solo hasta 2032, sino hasta 2050.

Igualmente, va a pasar de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año para reforzar el sistema durante los años en los que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del ‘baby boom’.

SOLIDARIDAD

La reforma también plantea una cuota de solidaridad para la parte del salario que en cada momento no cotice para el sistema de pensiones por exceder el máximo previsto. Este recargo será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

Por ejemplo, a una persona que gane 500 euros por encima del tope máximo de cotización, sólo se le aplicaría la cuota de solidaridad por esos 500 euros y no por todo su salario, cotizando cinco euros adicionales en 2025.

En cuanto al tratamiento de lagunas, se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (cuatro años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49, añadiendo para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60, es decir, hasta el quinto y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (del quinto al séptimo año).

BRECHA DE GÉNERO

En cuanto al complemento de brecha de género de las pensiones, tendrá un incremento del 10%, adicional a la revalorización anual, en el bienio 2024-2025.

Por otro lado, y en línea con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se establecen medidas para que la cuantía de la pensión mínima contributiva se aproxime al 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos.

Se establece un proceso similar para la evolución de las pensiones no contributivas, que crecerían hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

Los dos representantes de CCOO y UGT incidieron en su valoración positiva, aunque apostaron por reforzar las medidas para luchar contra la brecha de género. Además, insistieron en que deben estudiar en profundidad los planteamientos del Gobierno. En este sentido, Fernando Luján, avisó de que “no puede haber pensionistas pobres en España”.

Por su parte, CEOE difundió un comunicado junto a Cepyme y ATA, en el que criticó que “el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”, alertó CEOE.

A su juicio, resulta “inconcebible que el Gobierno afronte la reforma del sistema de pensiones sin el necesario debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes”.

Sobre esta postura, el representante de CCOO mostró su “respeto” ante la postura de la CEOE, aunque “sería deseable” que las organizaciones empresariales entendieran el esfuerzo que el sistema de pensiones “necesita”.

En opinión de Bravo, solo se pueden afrontar estas tensiones “incrementado la estructura de ingresos” o reduciendo la cuantía de las pensiones. Por ello, mostró su deseo de que pueda haber acuerdo en “los próximos días” y se pueda dar “tranquilidad” a los ciudadanos.

La segunda fase de la reforma de pensiones forma parte de los hitos comprometidos con la Unión Europea en el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos. El plazo comprometido con Bruselas para tener aprobada esta reforma acabó el 31 de diciembre de 2022, aunque el ministro Escrivá ha restado en reiteradas ocasiones gravedad a esta demora, alegando que ya se produjo también un retraso con la reforma del sistema de cotizaciones de autónomos el pasado verano.