Las protestas, que se celebraron bajo el lema ‘Contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida’, se celebraron la víspera de la reunión del Consejo Europeo de este jueves y viernes, en el que se abordarán medidas a nivel comunitario para hacer frente a los elevados precios de la energía y los carburantes. En este sentido, el Gobierno ha pedido esperar a que se concreten acciones en la UE para adoptar medidas a nivel nacional en el Consejo de Ministros del martes 29 de marzo.

En la manifestación de Madrid, que discurrió entre Atocha y la Plaza de Francisco Benavente y en la que participaron entre 4.000 y 5.000 personas, según fuentes sindicales, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, avisó de que “Europa se enfrenta a un reto similar” a la aprobación de los fondos europeos de reconstrucción ante los efectos de la pandemia.

“La decisión que se tome sobre posibilitar que bajen los precios energéticos, los de la luz, que baje la inflación, es decisiva para el futuro de España y de la UE”, sostuvo Sordo, quien dijo que "no puede ser” que el precio del gas marque el de la energía eléctrica.

PANGA A PRECIO DE CAVIAR

“Hay que dejar de seguir pagando la panga a precio de caviar y eso es lo que está pasando con las eléctricas. No puede ser que los beneficios multimillonarios caídos del cielo para las empresas que trabajan en la energía los estén pagando las familias españolas y los colectivos más vulnerables”, denunció Sordo.

El control de precios de la energía fue defendido también por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien reclamó también al Gobierno, más allá de las decisiones de Bruselas, que apruebe medidas de apoyo para los sectores más afectados por la crisis y para las familias “que se quedan en el camino”.

“Hay que acabar con esta situación, que está haciendo que unos pocos se estén forrando. Desde luego lo hacen las eléctricas, pero no solo”, alertó Álvarez, quien criticó a “aquellos que multiplican los precios de productos de primera necesidad sin otro argumento que la especulación” o el “acaparamiento”.

Tanto Álvarez como Sordo exigieron también a la patronal que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) recoja alzas salariales en convenio que eviten la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

“Los salarios tienen que crecer en España y, si no lo pueden hacer ahora al ritmo de la inflación, tiene que haber un acuerdo a dos o tres años para que cuando la inflación baje y la economía se recupere, se recuperen a su vez los salarios. No vamos a resignarnos a que los convenios colectivos pierdan poder adquisitivo”, apuntaló Unai Sordo.

LOS AUTÓNOMOS, UN COLECTIVO VULNERABLE

Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, coincidió con las reivindicaciones de los sindicatos en materia de precios energéticos y de combustibles, así como en la necesidad de reforzar el apoyo a los colectivos “vulnerables”, entre los que dijo que se encuentran los autónomos.

En declaraciones a Servimedia, Abad destacó que, para muchos negocios, la energía supone ya el 35% de los gastos fijos, a lo que hay que sumar el “altísimo precio de los carburantes”. En esta línea, resaltó que, además de los transportistas, hay 800.000 autónomos más que necesitan el vehículo para el desarrollo de su actividad.

“Sabemos que el tema de la energía depende principalmente de la Unión Europea, pero el de los combustibles es competencia del Gobierno”, apuntó Abad, quien pidió reducir a la mitad el IVA de los hidrocarburos y suprimir el ‘céntimo sanitario’, lo que supondría un ahorro de unos 26 céntimos por litro.

Igualmente, defendió que, pese al momento actual, debe culminarse la negociación para reformar el sistema de cotizaciones de los autónomos para que en 2023 casi dos de cada tres autónomos vean reducida su carga fiscal. “Oponerse a esto es estar en contra de ayudar a los autónomos que menos ingresos tienen, precisamente en un momento de crisis como este”, apostilló el presidente de UPTA, quien explicó que el nuevo sistema no puede reducir la protección social de este colectivo.

MANIFIESTO

El manifiesto de las organizaciones convocantes de las movilizaciones, al que se dio lectura en las diferentes ciudades, señala que “la desigualdad y la pobreza eran problemas urgentes antes de que se iniciara esta escalada de los precios. En esta situación, estos problemas, que tienen rostro, que tienen nombres y apellidos, deben abordarse de manera inaplazable”.

Ante este escenario, urgen al Gobierno de España y a la UE a que actúen “de forma contundente”, porque tienen la “obligación de desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para poner fin a esta escalada de los precios, para atajar comportamientos especulativos y para proteger y dar seguridad al conjunto de la ciudadanía”.

En concreto, los convocantes de las protestas piden cambiar el “irracional sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas, y topen el precio máximo del MWh en la subasta, porque no puede ser que los precios del gas marquen el precio de la electricidad que se genera a través de otras tecnologías más baratas”.

Poner fin a los beneficios de las empresas eléctricas y de hidrocarburos porque “no puede ser que haya quien saca tajada de la desgracia"; reducir la dependencia energética de la UE y favorecer el uso del transporte público, y proteger a las familias y a los sectores productivos que más energía y carburantes consumen son otras de las exigencias de las asociaciones.

Por último, instan al Gobierno de España a activar el mecanismo RED de la reforma laboral para proteger los empleos y a evitar que se disparen los precios del alquiler de las viviendas por la elevada inflación.