En un comunicado, recordaron que ya avisaron de que el número de solicitudes presentadas para el fondo de compensación de las víctimas del amianto es escaso debido a que el reglamento aprobado por el Gobierno solo permite tramitar las solicitudes de los afectados que tengan reconocida una incapacidad permanente por contingencias profesionales ocasionadas por exposición al amianto.

Así, impide que se tramiten para el resto de colectivos que tiene reconocido este derecho en la ley (exposiciones laborales sin contingencia profesional, exposiciones ambientales y domésticas y herederos de personas fallecidas por enfermedades causadas por el amianto) hasta que no se regule en los Presupuestos Generales del Estado, “de más que dudosa posibilidad de aprobación a corto o medio plazo”.

La consecuencia es que, en las semanas en que lleva en vigor el fondo, las solicitudes viables presentadas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) son “limitadísimas”, lo que genera “una inmensa frustración en el colectivo de las víctimas del amianto que habían puesto unas grandes expectativas en la aprobación del fondo”, según denunciaron.

Indicaron que desde 2022 se consignó una partida anual de 25 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el fondo de compensación, que no se ejecutaron en los ejercicios anteriores por los “injustificados retrasos” del Gobierno en tramitación legislativa, y que en 2025 se volverán a perder por “la racanería a la hora de regular el reglamento por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”. Se trata de 100 millones de euros que “se han ido por el desagüe”.

Por esta razón, CCOO, UGT y Fedavica han pedido reunión con la ministra del ramo, Elma Saiz, para reclamarle una reformulación urgente del real decreto 483/2025 que, entre otras cuestiones, permita la tramitación de solicitudes para todos los casos que tienen reconocido el derecho de indemnización en la Ley 21/2022, elimine algunos trámites que ralentizan la gestión y revise las cuantías de unas indemnizaciones que consideran insuficientes.