Según afirmaron las organizaciones sindicales, “en lugar de avanzar hacia un marco común para el millón de profesionales de la sanidad pública, las modificaciones pactadas con las comunidades autónomas suponen un retroceso histórico: se abre la puerta a que cada autonomía regule de forma unilateral aspectos esenciales de las relaciones laborales, limitando incluso el papel de las propias mesas sectoriales autonómicas”.

Por lo tanto, insistieron en que “resulta inaceptable que, en un momento marcado por la escasez de personal, la sobrecarga asistencial y la precariedad, el Ministerio de Sanidad renuncie a liderar e impulsar una norma básica que establezca mínimos comunes y derechos homogéneos en todo el Estado”.

“Una cuestión que puede suponer desigualdades inaceptables en la atención que se brinda a los usuarios, dependiendo de en qué comunidad autónoma viva”, añadieron.

SIN GARANTÍAS

En su opinión, con su redacción actual, el Estatuto Marco “se convierte en una mera declaración sin fuerza normativa, sin garantías de negociación real y sin capacidad para mejorar las condiciones de trabajo”.

Las Organizaciones presentes en el Ámbito advirtieron de que no se puede perder esta “oportunidad histórica” para dotar al Sistema Nacional de Salud de un marco sólido, estable y negociado, que garantice la igualdad de derechos laborales de todos los profesionales, con independencia de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Por ello, Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saude exigieron al Ministerio de Sanidad que “recupere la iniciativa, corrija de inmediato la deriva actual y blinde en esta ley la capacidad de negociación y los derechos del personal estatutario para los próximos años”.

De no hacerlo, los sindicatos anunciaron que intensificarán las movilizaciones y la presión en todos los ámbitos hasta lograr un Estatuto Marco útil para la sanidad pública y para quienes la sostienen con su trabajo diario.