Según informaron los tres sindicatos en un comunicado conjunto, durante la reunión exigieron a Función Pública “criterios claros que den seguridad jurídica al desarrollo de los procesos de estabilización, que convoquen todas las plazas que estén ocupadas de manera temporal al menos durante tres años, con independencia de que estén o no en las relaciones de puestos de trabajos, plantillas, catálogo o cualquier otra ordenación de recursos humanos, y que se negocien las ofertas de empleo del 2022”.

Asimismo, las tres organizaciones señalaron que estos procesos selectivos “deben ofrecer seguridad jurídica y garantizar el principio de equidad para evitar que se produzcan situaciones lesivas para las personas que participen en ellos”.

Respecto a la promoción interna, reclamaron que “se debe dar también una respuesta al personal fijo de las administraciones y sector público, que facilite la participación en los concursos de traslado”, así como habilitar “un procedimiento excepcional”, para la promoción interna en los términos establecido en la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público “en la misma forma que para el acceso”.

Respecto a la negociación del ‘III Acuerdo,’ CCOO, UGT y CSIF trasladaron a Función Pública que los empleados públicos “no pueden ser otra vez los paganos de las crisis”. En este sentido, explicaron que una de sus prioridades para el nuevo acuerdo es “evitar que se sigan devaluando los salarios”, lo que incluye fondos adicionales y Sector Exterior. También aseguraron que “debemos recuperar y rejuvenecer las plantillas, mejorar el conjunto de las jubilaciones y un mayor compromiso en materia de igualdad, adaptando a la nueva normativa, así como implementar la jornada de 35 horas con carácter básico”.