CCOO y UGT han participado activamente en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de avalar el grueso de la regulación actual del despido en España, pese a que el Comité Europeo de Derechos Sociales, con sede en Estrasburgo (Francia), estableció que hay aspectos que no se ajustan a la Carta Social Europea.