Los sindicatos y Fedavica explicaron, en un comunicado, que la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto no incluyó en su texto una exención fiscal en el IRPF.

“Esta discriminación solo se ha solucionado en Euskadi y Navarra gracias a que sus Haciendas Forales se han hecho eco de nuestra reivindicación y han aprobado dicha exención para sus territorios”, expusieron.

Este miércoles se votará en el Senado una enmienda presentada por el PNV al proyecto de Ley que modifica la legislación de discapacidad, que propone extender esta exención al conjunto del Estado. Desde nuestras organizaciones pedimos al conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta el apoyo a la iniciativa del PNV para acabar de una vez por todas con esta injusticia y, en especial, a los Grupos que respaldan al actual Gobierno.

“La aprobación de la exención fiscal sería un primer indicador de interés por parte del Gobierno en solucionar el maltrato institucional que las víctimas del amianto vienen sufriendo. Como vienen denunciando nuestras organizaciones, tanto la Ley 21/2022 como, sobre todo, su Reglamento de desarrollo presentan graves deficiencias que no permiten al fondo de compensación cumplir con el objetivo de “evitar los largos procesos judiciales” fijado en la propia Ley. Buena prueba de ello son las escasísimas solicitudes de indemnización presentadas por las personas afectadas en el año que lleva en vigor el Fondo”, apuntaron las tres organizaciones.

También indicaron que el montante económico desembolsado hasta ahora alcanza la cifra de 6.344.794,76 euros, cifra que queda muy lejos de los 25 millones asignados anualmente por los Presupuestos Generales del Estado (PGE, siendo además el quinto año consecutivo que el dinero asignado quedará en las arcas del Estado.