Dicho acuerdo fue firmado el 30 de diciembre de 1998 y, en virtud del mismo, Mastec International Inc (propiedad d la familia cubana Mas Canosa) reconoce adeudar a Telefónica S.A. un total de 3.551.929.825 pesetas como cantidad pendiente de pago por la compra de Sintel, más los intereses correspondientes hasta esa fecha.

El auditor, que declaró como testigo y continuará haciéndolo el próximo lunes, 24 de marzo, señaló también que ésa es la razón por la que no reflejó dicho acuerdo en su informe sobre las cuentas de Sintel en 1998. Además, añadió que ignora por qué no se lo mostraron antes y tardaron dos años en hcerlo.

En este mismo acuerdo, "conscientes del grave perjuicio que generan a Sintel", según consta en la investigación, convienen que éste se constituya en fiador solidario de Matec International Inc ante Telefónica por el pago de esa deuda pendiente.

Además, se determinó que, en caso de incumplimiento del pago, Sintel autorizara a Telefónica a compensar las cantidades pendientes con aquellas otras que la segunda tuviera que pagar a la primera como consecuencia de trabajos contratados.

Hay qe recordar que en el contrato de venta (1996), Telefónica entregó Sintel a Matec International, pero se comprometía a contratar con la sociedad vendida un volumen de operaciones por importe de 75.000 millones de pesetas hasta el 1 de enero de 1999.

Según consta en la querella de los trabajadores, los integrantes del Consejo de Administración de Telefónica "forzaron a Sintel a prestar un aval" para pagar una deuda que no era de esta empresa, sino de la familia Mas Canosa, propietaria de Mastec Internaconal, la compañía a la que Telefónica vendió su filial y que nunca pagó la adquisición.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, también tomó hoy declaración a Luis A.Gutiérrez, ex jefe del departamento de Recursos Laborales de Sintel; Vicente Carretero García, el último director de Recursos Humanos de la citada sociedad y, en su momento, administrador único de la misma; y la abogada Soledad Bello García.

Según las mismas fuentes, la declaraciones de estos tres testigos no aportaron datos relevantes sobre las circunstancias en que se produjo la venta de Sintel por parte de Telefónica a la familia cubana Mas Canosa, y sí las dificultades de sus responsables para sacarla adelante.

El próximo 24 de marzo, tras concluir la declaración de Rodríguez Gil, oirá, también en calidad de testigos, a Juan Carlos Casarrubios, ex director comercial de Sintel; Julio Bayona, ex director de Producción; José María García, en su momento representant de Retevisión; Noel Navarro y José María García Mon Benayas.

El lunes siguiente, 31 de marzo, declararán José María Casas, ex secretario del Consejo de Administración; José Luis Ucieda, ex presidente de Sintel; José Casamayor y Pedro López Valdeolivas, ex administradores solidarios que en su día presentaron la solicitud de suspensión de pagos de la citada sociedad.

PRIMEROS TESTIMONIOS

En este caso han declarado ya Juan Miguel Antoñanzas, Juan Antonio Casanova y Pedro Novela, que fueron consejros de Sintel entre 1997 y 2000.

Pedro Novela, tras señalar que no pertenecía al consejo de administración y que tampoco tomaba decisiones importantes, aseguró en su día al juez que él sólo obedecía órdenes del entonces consejero Juan Antonio Casanova.

A su vez, Casanova aseguró al magistrado Ruiz Polanco que él ejecutaba lo que le pedían Jorge y Juan Carlos Mas Santos, herederos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, a quien Telefónica vendió Sintel por más de 4.000 millones de pesetas. Por su parte, Juan Miguel Antoñanzas, dijo al juez que la familia Mas Canosa tomaba las decisiones de Sintel de forma unilateral y en el Consejo de Administración sólo se hablaba de "temas menores y de trámite".

La investigación que instruye Ruiz Polanco está relacionada con la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa por un presunto delito de insolvencia punible.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción nació de a denuncia que los propios trabajadores de Sintel presentaron ante el departamento de Carlos Jiménez Villarejo pocos días después de instalar, el 29 de enero del año 2001, un campamento en el Paseo de la Castellana para protestar por su situación laboral, que mantuvieron durante más de medio año.

La investigación que instruye el juez Guillermo Ruiz Polanco gira en torno a la quiebra de la empresa, que en 1996 fue vendida por Telefónica al empresario cubano Jorge Mas Canosa, cuyos herederos la revendieon a Carlos Gil, en una operación en la que intervinieron sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.