Así se desprende de los datos publicados este martes por la Asociación de Directores y gerentes de Servicios Sociales, que cifra el tiempo medio de espera en 378 días (43 menos que el año pasado).

Durante el primer semestre de 2022, 23.837 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 10.101 pendientes de resolución y 13.736 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

Dicho de otro modo, cada 11 minutos murió una persona a la que “lamentablemente el plan de choque no le llegó a tiempo”, subrayó la asociación.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, las tasas de variación acumulada en el SAAD son positivas durante 2022, con un aumento de 46.754 solicitudes, 36.748 valoraciones, 34.792 personas beneficiarias con derecho a prestación y 33.019 perceptores de ayudas.

Sin embargo, el incremento en estos indicadores provoca que las listas de espera también suban: 10.006 personas más pendientes de valorar y 1.773 más en el limbo de la dependencia.

Agregó que en estos seis meses de 2022, hubo un incremento del 287% en el número de solicitudes en comparación con el mismo periodo de 2021, y del 12% con respecto a todo el año pasado.

También experimentaron un aumento respecto del mismo periodo de 2021 las valoraciones efectuadas (+17%) y las personas reconocidas con derecho (+5%).

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Comunidad con mayor porcentaje sobre población potencialmente dependiente en solicitudes y valoraciones es Andalucía, y la de menor porcentaje, Galicia. La región que con mayor rigidez aplicó el baremo de la dependencia es Extremadura (el 28,2% de los solicitantes no obtienen grado) y la de mayor flexibilidad es Galicia (sólo el 10,4% se queda sin reconocer).

En cuanto a listas de espera, la asociación señala que las comunidades con mayor "limbo de la dependencia" son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%). Las que menos usuarios reconocidos tienen a la espera de recibir prestación son Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%). Porcentualmente, Canarias es la comunidad donde el número de personas beneficiarias creció más en este semestre, con 3.115 nuevos usuarios (11,6%). Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición.

La que más días tarda en resolver una prestación o servicio desde que tiene entrada la solicitud es Canarias, con 993 días, y la que menos, Castilla y León (118 días). El tiempo medio de espera a Nivel Nacional es de 378 días, según la asociación.

SISTEMA LOW COST

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236 euros, y en la actualidad, las perciben 498.821 personas.

De estas, solo 67.786 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, lo que representa el 13,6 % de las personas cuidadoras.

Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función de este, pero “presentan importes insuficientes”.

Así, la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 442 euros al mes (Grado II) y 551 euros mensuales (Grado III).

Para los directores de servicios sociales, la diferencia entre esta cantidad y el precio que en realidad abona la persona en una residencia constituye un "segundo copago o copago invisible”.

Agrega que la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,7 horas al mes, “sólo unos minutos más que en diciembre de 2021”. Esto es “poco más de una hora diaria de servicio”, prosiguió, lo que “resulta claramente insuficiente”.

La intensidad de este servicio para las personas reconocidas con Grado III es de 57,6 horas mensuales, algo de nuevo “muy escaso si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente”, subrayó.

Todas las prestaciones y servicios se han incrementado en estos seis últimos meses del año: Teleasistencia (+10.648) Ayuda a Domicilio +9.462, Centros de Día +2.841, Residencias +988 (no se han alcanzado el número de plazas antes de la pandemia), Prestaciones Vinculadas +7.289, Cuidadoras familiares +16.276, y en asistencia personal -30.

“Estos datos ponen de manifiesto la recuperación lenta y desigual del Sistema de Atención a la Dependencia y parecen indicar que el SAAD se reactiva”, indicó la asociación.

Sin embargo, precisó, ello se apoya “en gran medida en los servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I”.

En su opinión, “las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad y resultan a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia”.

A su juicio, urge reformar “la ley para agilizar los procedimientos y recuperar las intensidades e incompatibilidades que se produjeron hace una década.

“También los gobiernos autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites”, reclamó. Según la asociación, “es necesario simplificar los procedimientos (informes, valoraciones, plan individual de atención), las resoluciones deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento”.

Finalmente, pidió “avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas”.