Así lo confirmó Calvo durante su intervención en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, en la que varios grupos parlamentarios habían registrado preguntas sobre esta cuestión, la cual deriva del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor y que incluye la plataforma 'ses.hospedajes', activa desde diciembre del pasado año.

Lo primero que quiso dejar claro la secretaria de Estado es que este registro no supone "una vulneración del derecho a la intimidad de las personas que nos visitan", sino que "contribuye a reforzar su seguridad ciudadana", además de contribuir "de manera importante a la competitividad de nuestro sector turístico".

Tal y como explicó Calvo, según los datos actualizados a principios de este mes, "se puede afirmar que la implementación del sistema en el tejido empresarial ha sido notable", con casi 300.000 entidades registradas en la plataforma. En concreto, 283.417 hoteles, 5.822 agencias de viajes, 2.528 empresas de alquiler de vehículos y 684 plataformas digitales. Además, destacó que a lo largo del pasado mes de octubre "se dieron de alta en la aplicación hasta 5.751 nuevas entidades".

El objetivo de esta plataforma, señaló Calvo, es "actualizar las obligaciones existentes en esta materia", las cuales, aunque "estaban recogidas en normas previas, dejaban fuera de su ámbito nuevas modalidades de actividades de hospedaje y de intermediación". Además, apuntó que también "se ha modernizado el sistema de transmisión de esta información, que venía haciéndose mediante libros-registro".

NORMAS ANTERIORES

Y es que este Real Decreto, y su plataforma de registro, parte de lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en la que se fija que "cualquier persona física o jurídica que ejerza actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje y alquiler de vehículos, se encuentra sujeta a las obligaciones de registro documental e información". Y ese registro se regulaba, entre otros, mediante el Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, en relación con los documentos que deben llevar los establecimientos de hostelería referentes a la entrada de viajeros.

Sin embargo, el avance de la tecnología obligaba a reformarla, pues no incluía "nuevas modalidades de actividades de hospedaje, como son las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares mediante el registro en portales o centrales de reserva a través de medios digitales o internet". Y no permitía "que se facilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad toda la información disponible, necesaria para que puedan realizar sus labores de prevención y protección".

Porque, se recuerda en el Real Decreto, "los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional. En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones".

En este sentido, Calvo puso de relieve que "se han dado tres años de moratoria para que el sector turístico afectado pueda adaptarse a los nuevos medios y métodos de recopilación de datos que implica", además de recordar que "desde el inicio de la tramitación del Real Decreto, así como después de su entrada en vigor, se han mantenido numerosas reuniones con los diferentes operadores turísticos españoles y sus entes asociativos".

"El contacto y la comunicación con el sector ha sido permanente y así seguirá siéndolo, sobre la base del objetivo compartido que nos une; la seguridad de nuestro país", zanjó.