En la elección de los adjudicatarios se ha partido de una prelación técnico-económica del ahorro de costes totales, en la que han competido las extensiones de vida útil de grupos existentes sin inversión, las inversiones en grupos existentes y las solicitudes de nuevos grupos.

Después se han atendido diversas observaciones técnicas, sobre el tamaño de las instalaciones, las emisiones de CO2, las instalaciones con horas de operación limitadas o el emplazamiento, incluyendo las consideraciones de los gobiernos autonómicos.

En la concurrencia han competido 181 solicitudes y finalmente se han impuesto las ofertas de 78 grupos de generación, que tendrán derecho a percibir el régimen retributivo adicional durante 25 años en el caso de los grupos nuevos, entre cinco y diez años para las inversiones en grupos existentes y durante cinco años para extensiones de vida útil de grupos existentes sin inversión.

Este régimen retributivo adicional permite que las centrales convencionales de los territorios no peninsulares obtengan una rentabilidad regulada y que el precio mayorista de la electricidad sea el mismo en todo el país. Su coste se reparte al 50% entre el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales del Estado y el pasado 2025 ascendió a unos 1.650 millones.

El concurso ha permitido adjudicar potencia suficiente para cubrir las necesidades y garantizar el suministro en todos los subsistemas eléctricos, con una cobertura hasta 2029. En todos los casos se ha superado la potencia solicitada en la convocatoria.