Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Unión Federal de Policía (UFP) fueron muy críticos al juzgar estos incidentes, en los que descartaron cualquier tipo de culpa por parte de los agentes que intervinieron, y acusaron a las parlamentarias de IU de manipular políticamente estos hechos.

Un representante del SUP, que calificó que "aberrante" que un diputado pueda verse maltratado por la policía, dijo a Servimedia que, sn embargo, "lo preocupante de este caso es que diputados utilicen su cargo para ponerse delante de un camión que tiene que pasar".

"Hay una manipulación política y me parece preocupante que el hecho de que unos policías pongan la mano encima de una diputada paralice una sesión parlamentaria y provoque una investigación, mientras que no paraliza una sesión parlamentaria y provoca una investigación las causas del cierre fantasma de esa empresa, que deja a cien trabajadores en la calle", indicó.

Reieró el apoyo de este sindicato a las reivindicaciones de los trabajadores de Plata Meneses, pero expresó su sorpresa por el hecho de que tan sólo cien trabajadores hayan originado unos incidentes de este tipo, de los que culpó a los mandos de las unidades de intervención por su falta de previsión.

Tras criticar las circunstancias de trabajo de los policías de las unidades de intervención, especialmente su prolongado horario laboral, dudó de que, tal como denunciaron las parlamentarias, hayan sido agreidas durante la carga policial.

"En las imágenes que vemos por televisión no vemos palos por ninguna parte; vemos a compañeros que están separando a gente de la trayectoria de un camión", dijo el citado portavoz. "Por lo que hemos visto, las cogen (a las parlamentarias) para retirarlas".

Según las diligencias realizadas por los funcionarios policiales implicados, agregó, éstos "fueron insultados por las propias parlamentarias con palabras como 'cabrones' y fueron a la casa de socorro a que les exendieran un parte facultativo, porque hubo lesiones por todas partes".

También el secretario general de la UFP, Fernando Vázquez Romay, restó importancia al incidente, que calificó como "un típico conflicto a la puerta de una fábrica", aunque añadió que "la proyección social que ha tenido es que se ha empujado a la altura de los pechos a una diputada".

Al igual que el representante del SUP, denunció una manipulación política "descarada" de estos hechos y afirmó que "lo que nos duele es que se intnte meter por medio a los policías".

Vazquez indicó que el que haya que respetar a las diputadas por su condición especial "no implica el hecho de que actúen potenciando, dando alas a determinado número de trabajadores. Desde el punto nuestro, que también somos trabajadores, a veces es muy difícil intervenir en sitaciones de este tipo. Pero si se les jalea por parte de algunos diputados, provocarán una mayor tensión".

A su juicio, la responsabilidad por este altercado es exclusivamente política, anto de "los que estuvieron allí apoyando la acción de los piquetes como de aquellos que tuvieron que tomar medidas inmediatas", en referencia al delegado del Gobierno en funciones, José Javier Salaberri.

Para la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), que condenó lo ocurrido, la responsabilidad de estos sucesos "es de quien da las órdenes", en este caso del delegado del Gobierno en funciones.

"Aun entendiendo y defendiendo que a dos representantes del pueblo que son elegidos por un númro importantísimo de ciudadanos hay que respetarlos, condenamos lo que ocurrió, pero la responsabilidad no es del pobre policía que tuvo que ejecutar una orden", dijo un portavoz de ANPU a Servimedia.

El portavoz policial descartó una responsabilidad directa del ministro del Interior, José Luis Corcuera, en los hechos, ya que, en su opinión, "se escapan de su control inmediato", y rechazó, asimismo, que los incidentes se justifiquen por la existencia "de una laguna de poder, al no existir un delegado el Gobierno en Madrid".

Por su parte, la diputada Cristina Almeida declaró hoy a Onda Cero que si el ministro del Interior, José Luis Corcuera, "no sabe dar órdenes a la policía de respeto a los cargos democráticos, él debe dimitir". Agregó que nunca se ha sentido tan maltratada como ayer, a pesar de haber estado detenida en la época franquista.