El pasado 29 de febrero el Tribunal Supremo abrió una causa especial por terrorismo contra los aforados Carles Puigdemont y el parlamentario de ERC Rubén Wagensberg en el marco del caso sobre Tsunami Democràtic, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Se investiga si Puigdemont ejerció el “liderazgo absoluto” de Tsunami, la plataforma que impulsó las protestas de 2019 tras hacerse pública la sentencia del procés.

SCC, que ejerce la acusación en el procedimiento contra Tsunami desde noviembre de 2023, se ha personado también como acusación popular en la causa especial del Supremo contra Puigdemont y Wagensberg. Dado que la malversación con enriquecimiento personal ha quedado fuera de los delitos amparados por la ley de amnistía, SCC solicita al Supremo que investigue “a la máxima urgencia dado su potencial delictivo” el pago en criptomonedas que Carles Puigdemont recibió en su cuenta personal de Ethereum a través del protocolo conocido como Tornado Cash en diciembre de 2021.

Este mezclador de criptomonedas, que envía la transferencia al destinatario sin que se sepa el origen del dinero, es una herramienta para blanquear dinero. De hecho, esta plataforma fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por permitir el lavado de dinero. La recepción de una transferencia en la criptomoneda ether en la cuenta personal de Puigdemont a través de una herramienta tan cuestionada como Tornado Cash podría evidenciar -en caso de demostrarse el desvío de dinero público para financiar Tsunami Democràtic- un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal.

La representación legal de esta asociación considera que el uso de esta plataforma podría implicar una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos, sugiriendo que estos podrían proceder de actividades delictivas previas, lo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales.

Precisamente para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero, el Parlamento Europeo ha aprobado el primer texto legislativo de la UE para asegurar la trazabilidad de las transferencias.

Desde hace más de un año, SCC rastrea la injerencia rusa en el proceso separatista catalán y está personada en el ‘caso Voloh’. De la instrucción de una de las piezas separadas del caso, que investiga los contactos del independentismo con el Kremlin, se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos”, indica la asociación.