Gordillo expresó su postura durante la vistilla celebrada al término de la declaración de Polanco como imputado ante el magistrado, diligencia que se reanudó hoy tras suspenderse el pasado viernes.

Sin embargo, este trámite también fue suspendido por el juez hasta las 17 horas de esta tarde, hora a la que las defensas expondrán sus alegatos, oponiéndose a medidas cautelares contra el presidente de Sogecable, tras lo cual el magistrado resolveá si adopta alguna medida contra Polanco.

Según informaron fuentes judiciales, durante la vistilla, en la que varias acusaciones solicitaron prisión incondicional para el presidente de Sogecable, Gordillo indicó que en cumplimiento de las órdenes dadas el 14 de mayo pasado por el anterior fiscal general, Juan Ortiz Urculo, y ratificadas por el actual, Jesús Cardenal, se opone a la medida de prisión para Polanco dado que, a su juicio, no existen motivos para adoptar esa decisión.

Sin embargo, indió que dejaba libertad de criterio al juzgado para adoptar otro tipo de medidas, entre ellas la imposición de una fianza o personaciones periódicas en el Audiencia Nacional, dado que, según explicó, esas medidas son de tipo real y no personal, que son las únicas a las que Cardenal le ha ordenado que se oponga.

Además, de acuerdo con las citadas fuentes, el fiscal, que no pidió ninguna medida concreta, señaló que la adopción de alguna de esas medidas de carácter "real" sería congruente con los autos dicados por el magistrado contra otros imputados en estas diligencias que ya han declarado, como el socio auditor de Arthur Andersen, José Antonio Rodríguez Gil, para quien el juez decretó libertad eludible bajo fianza de 5 millones de pesetas y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.

En la orden del pasado mes de mayo, Ortiz Urculo indicaba que "no deduciéndose de lo hasta ahora actuado los presupuestos constitucionales y legales suficientes habilitantes para la adopción de medidas cauelares de carácter personal, por parte del ministerio fiscal no se solicitará medida alguna de tal naturaleza y se opondrá a las que puedan solicitar otras partes". Agregaba que si del contenido de las declaraciones o de otras diligencias "surgiesen nuevos elementos que pudieran afectar a la anterior consideración, deberá consultarse a esta fiscalía general para la modificación del criterio".

PREVARICACION

Esta orden del fiscal general provocó que varios de los abogados de la acusación, entre ellos anuel Murillo, que ejerce la acusación particular en nombre de un grupo de abonados a Canal+, y José María Stampa Braun, que representa al periodista Jesús Cacho, solicitaran al juez que emprendiese acciones contra Cardenal por un presunto delito de prevaricación.

El abogado, a cuya petición se adhirieron otras acusaciones, indicó que, a su juicio, Cardenal pudo incurrir en el delito de prevariación por ordenar al fiscal del caso que no solicitase medidas cautelares contra los imputados en las diligenias, sin conocer el contenido de sus declaraciones.

Además, también pidió al juez que comunicase esa orden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que estudie si debe actuar de alguna forma en defensa del derecho, y al presidente de las Cortes, por si la decisión de Cardenal afecta "a la Constitución y a la seguridad jurídica del país", según declaró Murillo.

Durante la vistilla, dos de los abogados de la acusación, Francisco Franco Otegui, que representa a Francisco Javier Sáenz Moren, y Benito Garrido, que representa a un abonado, solicitaron al juez que decretase la prisión incondicional para Polanco y que le impusiera fianzas por responsabilidad civil de 25.000 y 35.000 millones de pesetas, respectivamente. Franco Otegui aclaró que esta fianza debería abonarla Canal+.

Por su parte, Murillo y el abogado Francisco de Rojas, que también ejerce la acusación particular, pidieron para Polanco la prisión eludible bajo fianza de 1.000 millones de pesetas, así como otra fianza por resposabilidad civil de 35.000 millones, de ella 25.000 para responder por la presunta apropiación de los depósitos de los abonados y 10.000 millones por no haber pagado el IVA.

Stampa Braun, por su lado, solicitó la libertad de Polanco bajo una fianza que, aunque no cuantificó, señaló que debería estar entre los 1.000 y los 25.000 millones de pesetas, así como la fijación de otra fianza por responsabilidad civil de 25.000 millones de pesetas.

Previamente, Polanco tuvo que responder a nuevas preguntasdel juez, quien, como ya hiciera el viernes, le volvió a interrogar sobre la concesión del canal de televisión privado a Canal+, así como sobre el balance de la sociedad de 1996.