El magistrado comunicó eta mañana verbalmente a Rodríguez Gil su decisión de decretar su libertad provisional bajo fianza de 5 millones, dado que todavía no ha redactado el auto en el que adopta esa medida, y emplazó al socio auditor a que deposite esa cuantía en el plazo de 72 horas.

De este modo, el juez estima la petición que ayer formuló el fiscal del caso, Ignacio Gordillo, al término de la declaración que como imputado efectuó Rodríguez Gil durante unas tres horas.

Gordillo solicitó al magistrado que decretase la ibertad provisional bajo una fianza no inferior a 5 millones de pesetas para Rodríguez Gil, al que acusa de ser cooperador necesario de los delitos de falsedad y societario.

A esta petición se adhirieron los abogados Manuel Murillo, que ejerce la acusación particular, y José María Stampa Braun, que representa al periodista Jesús Cacho, personado como acción popular.

Por su parte, Francisco Javier Saínz Moreno afirmó hoy a esta agencia que también se sumó a la posición del representante del ministrio público, en contra de lo afirmado ayer por fuentes jurídicas que dijeron que renunció a pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares contra Rodríguez Gil porque sus preguntas fueron las únicas a las que se negó a contestar.

Esta es la medida más grave que el magistrado ha adoptado hasta ahora contra los querellados en el procedimiento, dado que con anterioridad tan sólo había decretado para dos de los consejeros de Sogecable, Carlos March y Leopoldo Rodés, la obligación de que compareciese periódicamente en la Audiencia Nacional y la prohibición de que abandonen España sin su autorización, prohibición que también impuso a los consejeros Gregorio Marañón y José María Aranaz.

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) todavía no ha recibido la providencia dictada ayer por el juez Gómez de Liaño en la que se queja del auto por el que la sección segunda de la Sala de lo Penal acordó anular su prohibición de que el presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, viaje al extranero sin autorización judicial, tras considerarla desproporcionada, sin fundamento legal y arbitraria.

El magistrado estima que los calificativos empleados por la sala en su resolución, y fundamentalmente el de arbitraria, pueden constituir una "vejación, desconsideración y desatención" hacia la labor del instructor, según fuentes judiciales.

Gómez de Liaño continuará con la toma de declaraciones a los responsables de Sogecable el próximo martes, día 13, en que está citado como imputado el consejeo delegado de la sociedad, Juan Luis Cebrián.