El enfrentamiento entre el instructor de las diligencias contra Sogecable y la Sala de lo Penal se produjo como consecuenci de la decisión adoptada el pasado miércoles por Gómez de Liaño de consultar al fiscal y a las acusaciones personadas en la causa si debía proceder contra los magistrados que acordaron revocar el secreto de las actuaciones por considerar dicha medida "irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada".

En concreto, Gómez de Liaño solicitó al fiscal y a las acusaciones que le informaran si debía emprender acciones contra el tribunal a la vista de ese auto y de otras resoluciones por las que la mima Sala había confirmado el secreto de otros sumarios.

Esta decisión provocó que el presidente de la Sala de lo Penal remitiese el pasado viernes un escrito al CGPJ "a los efectos que estime pertinentes", en el que decía que la "extraña actitud" del magistrado podía "erosionar las funciones constitucional y orgánicamente atribuídas a la Sala".

A su vez, el juez Gómez de Liaño también elevó otro escrito al máximo órgano de Gobierno de los jueces en el que se queja de los términos empleados por la ala, que a su juicio resultan vejatorios y producen su descrédito como instructor.

Por su parte, los abogados de Sogecable también pusieron las últimas resoluciones de Gómez de Liaño en conocimiento del CGPJ, "a los efectos oportunos".