A su juicio, está demostrado que gran parte de los proyectos acogidos a este tipo de subvenciones "sólo son viabls en tanto se mantiene la ayuda", lo que resulta incompatible con la naturaleza privada de las explotaciones agrarias y las restricciones a las ayudas sectoriales impuestas por la CE.

En una comparecencia ante la Cámara Baja para explicar la política general de su departamento, Solbes indicó que, para garantizar la rentabilidad del sector secundario, es preciso reducir y rejuvenecer la población agraria española, y aumentar el tamaño de las explotaciones.

En su opinión, la población activa agrari española, que actualmente representa el 11,2 por ciento del total, debería tender hacia la media comunitaria, que es del 7 por cien.

Añadió que el envejecimiento de los agricultores españoles es "preocupante", ya que el 52 por ciento tiene más de 45 años, y reconoció que el tamaño de las explotaciones es demasiado pequeño, puesto que más de la mitad tienen menos de cinco hectáreas.

Este defecto obedece, a su juicio, al predominio de la pequeña propiedad familiar, que da trabajo al 70 por ciento e la mano de obra ocupada en el campo, y que debe cambiar si quiere ser competitiva en el mercado único comunitario.

Solbes resumió la situación afirmando que la agricultura española emplea a demasiada gente, demasiado mayor, en explotaciones demasiado pequeñas y descapitalizadas, todo lo cual actúa "como freno al desarrollo del sector".

MAS TECNOLOGIA

Anunció también la potenciación del desarrollo de la tecnología agraria y de la formación profesional en el campo, mediante la transformación de Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en Instituto de Investigación y Desarrollo Agrario.

El ministro se refirió también en su comparecencia a la negociación de los precios agrícolas en la CE para este año y reconoció que existen serias dificultades para llegar a un acuerdo entre los "doce", como consecuencia de la propuesta restrictiva presentada por la Comisión Europea. La Comisión pretende ahorra, en gasto agrario, 62.800 millones de pesetas en 1991 y 350.000 millones en 1992.

Reconoió asimismo que, en el caso de España, existe la dificultad adicional del compromiso de aproximar los precios españoles a los precios institucionales de la CE para 1993, lo que afecta sobre todo al sector lácteo y del azúcar.