Solbes, que presidió un debate sobre desrregulación de los mercados en España y Europa organizado por el Club de Empresarios y Teneo, señaló que la rebaja del tarifa máxima del IRPF del 56 al 40 or cien que porpone el líder de los populares tendría un coste recaudatorio "así por encima de entre 700.000 y 800.000 (millones)".

También calificó de imposible la promesa del líder popular de reducir los gastos corrientes del Estado en 500.000 millones de pesetas, "entre motivos", señaló, "porque el gasto corriente del Estado es menor, en torno a los 320.000 millones".

El mismo argumento utilizó el responsable de Economía para restar fuerza a la propuesta de eliminar 5.000 altos cargos de la Adinistración central, ya que no hay tantos, "a no ser", señaló, "que entienda por un alto cargo a los asesores ejecutivos del Ministro, los directores y subdirectores generales y los secretarios técnicos".

Buena parte de los que el PP llama altos cargos, dijo, son funcionarios a los que únicamente podría reubicar en otros niveles administrativos, con lo que el efecto sobre el déficit público es prácticamente cero.

En cualquier caso, Solbes apeló al sentido común de los empresarios y el resto de lasociedad al advertir que propuestas fiscales como la planteada por el PP son preocupantes. "Esto a mí me preocupa", dijo, "porque este país tiene que tener una cosa muy clara, y es que tiene la presión fiscal más baja de Europa".

También señaló que el Gobierno está abierto a cualquier reflexión que quiera hacerse sobre los sistemas de reparto y distribución de los recursos, "pero hablar de reducir los impuestos y al mismo tiempo atender las demandas sociales, no acabo de verlo".

Solbes aprovechó ambién lo que puede haber sido un "lapsus" del líder del PP al cifrar en el 3 por cien el compromiso de rebaja del déficit hasta 1999, ya que el Plan de Convergencia propuesto por el Gobierno sitúa ese mismo objetivo en 1996.

COLEGIOS, YA

El responsable de Economía se reafirmó en todos los compromisos del Ejecutivo en materia económica para lograr la convergencia, ya que siguen existiendo sectores excesivamente protegidos "que frenan la actividad y no permiten que se genere más empleo ni se flexibilcen los precios a la baja".

En el empeño del Gabinete de González de vencer esa situación, dijo que existe el firme propósito del Gobierno de continuar con las reformas estrcturales emprendidas con la liberalización de las telecomunicaciones, la flexibilización del mercado laboral o el reciente acuerdo para gestionar Renfe como una empresa privada, en virtud del contrato-programa con el Estado.

Dijo que el próximo Consejo de Ministros verá la reforma de los Colegios profesionales en la que viene rabajando su ministerio desde hace meses y se mostró partidario de lograr un acuerdo general sobre el modelo de protección y Seguridad Social que se quiere para el país.

EMPRESAS PUBLICAS

Respecto a las empresas públicas, Solbes señaló que "nunca hemos tomado una decisión de venta de empresas públicas por razón de déficit", y que "es verdad que esos ingresos nos pueden ayudar a solucionar el problema en un momnento determinado", pero advirtió que es la solución definitiva del excesivo gasto público. Sin embargo, continuó, "nuestro país no ha sido un ejemplo de intervención del sector público en las empresas por razones de estrategia ciyuntural", ya que siempre ha tendido a mantener esa situación, y analizando esa variable, agregó, la venta de empresas sí es significativa desde el punto de vista del déficit, en referencia a las pérdidas que se obligado a cubrir, cerca de un billón de pesetas por ser su propietario.

Para Solbes, el documento que prepara junto con el ministro de Industria, JuanManuel Eguioagaray, sobre política en el sector público empresarial, aclarará buena parte de las dudas que ahora existen sobre esta cuestión, y sibn recoger un calendario está claro que de él podrán salir futuras privatizaciones y en qué condiciones.

Reiteró una vez más que el gobierno no está trabajando en un programa de privatizaciones, aunque reconoció sin precisar que hay algún caso más de los ya conocidos de Repsol, Telefónica o Argentaria ahora en marcha o en estudio.

En el caso de Telefónia, precisó, "mi concepción es que debería estar privatizada en el año 98, cuando desaparezca el monopolio, lo que no quiere decir que el sector público no pueda tener una participación en Telefónica en 1998".