Tras participar en unas jornadas sobre innovación empresarial organizadas por el PSOE en Madrid, Solbes manifestó que en un caso de presunta estafa como éste, la solución "ya está en el Código Penal".

La creación de un fondo de garantías para este tipo de operaciones ha sido exigida por el PP y CiU, que hoy defienden una moción en el Congreso de los Diputados.

No obstante, Solbes dijo que, puesto que hay muchos afectados, el Gobierno "está dispuesto a buscar elementos de apoyo a las asociaciones de consumidores para que defiendan al máximo sus intereses y recuperen la mayor parte del dinero invertido por los ciudadanos".