La obligación para el Gobirno español surge de la firma del IV Convenio de Lomé entre los estados miembros de la CE y el BEI en el que cada estado se convierte en fiador de las obligaciones financieras de los prestatarios que obtienen créditos en aplicación de este convenio.

El Estado español garantiza en función de su participación en el capital del BEI, del 7,031 por cien. La garantía cubre el 75 por cien del importe de los préstamos que ascienden a 1.225 millones de ecus.