Durante la sesión de control al Gobierno, Marlaska destacó que en 2023 se creó la Dirección General de Protección Internacional a partir de la antigua OAR, que “estamos dotando con los medios humanos, materiales y tecnológicos suficientes” para agilizar las listas de espera.

“Llevamos cinco meses en que el número de expedientes ya resueltos es superior a las nuevas entradas”, subrayó, aunque “tenemos que seguir trabajando”.

El ministro respondió así a las críticas de la senadora del PNV Nerea Aedo, quien denunció que “personas con un claro perfil para solicitar protección internacional encuentran serios problemas de acceso”, que comienzan con las primeras citas en comisaría y continúan con la “disparidad de criterios a la hora de la valoración”.

En teoría, la primera cita (en la que se formaliza la presentación de una solicitud) debería “ser suficiente para abrir las puertas del sistema y conseguir una plaza de acogida”, explicó Aedo.

Sin embargo, dados los retrasos en la tramitación, “muchas personas no lo solicitan hasta la segunda cita”, que debe tener lugar en la misma localidad que la primera.

Según la senadora, esto provoca que muchos demandantes de asilo se concentren en aquellas zonas “más ágiles”, que “terminan por saturarse” y, “lo que es peor, por ofrecer una atención inadecuada a estas personas”.

En su opinión, “existe tal lentitud en la valoración y derivación de las solicitudes de asilo, que el sistema en su conjunto resulta ineficiente”.

Marlaska aseguró que se están incrementando los recursos y que, por ejemplo, las Fuerzas de Seguridad están “atajando la compraventa de citas”. Además, señaló que solo en 2024, se tramitaron 163.700 expedientes de peticiones de asilo en toda España –casi 7.700 en el País Vasco-.