Esta es una de las conclusiones del ‘Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España’, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, que destaca que entre las empresas que tendrían que adaptarse son más las que ven la cara que la cruz de la medida.

Tras su primera lectura, el Parlamento Europeo ha introducido cierta flexibilidad en el texto: establece los 30 días como plazo de pago máximo, con la posibilidad de negociar su extensión expresa hasta los 60 días. Para el sector minorista, por la baja rotación de sus productos, se propone permitir plazos de hasta 120 días y la fabricación y distribución de libros queda exenta. Está previsto que el procedimiento legislativo continúe después de la formación del nuevo Parlamento Europeo.

El 60% del tejido productivo cree que cobrar a 30 días a sus clientes mejoraría su liquidez y solo un 10% considera que tendría problemas para pagar a sus proveedores en ese plazo.

El estudio muestra todavía un amplio desconocimiento de esta posible evolución legislativa: el 29% de las empresas españolas aún no conoce la propuesta de la Comisión Europea para endurecer la actual normativa contra la morosidad en las operaciones comerciales.