Este informe, titulado 'Impulso de un nuevo marco regulatorio de la financiación de la Alta Velocidad en España', apunta como causas de esta infrautilización a la escasez de frecuencias, la competitividad de los modos alternativos -en especial, el vehículo privado-, la deficiente conectividad de las estaciones, la complejidad que supone el acceso al tren o, incluso, el hecho de que solo haya una parada en las grandes ciudades.

Eso sí, según explica el documento, el precio sería la principal causa, ya que “la mayor ventaja competitiva del vehículo privado es su menor coste por trayecto”.

“Tanto estudios académicos como experiencias previas con fluctuaciones en el precio de los billetes han puesto de manifiesto la elevada sensibilidad de la demanda al coste en este tipo de servicios. En cualquier caso, para que la entrada de nuevos operadores resulte en mayor oferta y mayor demanda es necesario propiciar el marco adecuado para que puedan ofrecer precios más bajos que los actuales”, subraya KPMG.

Durante la presentación del informe, la directora en el área de Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG Abogados, Ana López, declaró que "este estudio propone medidas que requieren una modificación de nuestra legislación, y esa modificación ya se está tramitando en el Congreso a día de hoy. Así, si se aprueba la reforma legal necesaria, ADIF tendrá por fin el papel protagonista que siempre debió corresponderle de acuerdo con la normativa europea, y el sistema de cánones será una gran oportunidad para que pueda utilizarlo verdaderamente como instrumento de gestión".

En este sentido, el socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, Cándido Pérez, destacó que "la liberalización de los servicios comerciales de larga distancia se presenta como una oportunidad única para incrementar la oferta y la demanda de estos servicios como ya se ha conseguido con éxito en países del entorno europeo como Italia, Chequia y Austria".

Mientras, la directora general de Ouigo en España, Héléne Valenzuela, subrayó que "la visión sobre el sector nos la dan los viajeros y la acogida del mercado que ha tenido OUIGO ha sido muy buena. En un año, dos millones de clientes han viajado con nosotros y nuestros trenes van llenos. Ahora tenemos que proteger la liberalización ya que podría ser flor de un día si no se despejan ciertas dudas como los cánones y su fijación”.

“OUIGO ha invertido más de 600 millones de euros y es crucial para nosotros, y para cualquier operador, tener previsibilidad del sistema de costes. Tenemos que llegar a un sistema equilibrado en la toma de decisiones. Los operadores financiamos los costes del administrador de infraestructuras, por lo que es crucial darle una vuelta al sistema y que los operadores podamos opinar en lo que es relevante para el sector en su conjunto. Es muy difícil que la liberalización, con la dinámica actual, sea exitosa. Y es muy importante que la CNMC tenga un papel muy relevante, especialmente, en esta fase incipiente de creación del mercado”, apuntaló Valenzuela.

A este respecto, ahora mismo, según el informe de KPMG, resulta poco probable que los operadores privados vayan a poder cumplir con los Acuerdos Marco firmados con ADIF AV, que preveían “ambiciosos” incrementos en la oferta de hasta un 52% de la capacidad total. Desde que los nuevos operadores realizaron su solicitud de capacidad marco en 2019, su panorama económico se ha visto agravado por las consecuencias en la demanda derivada de la pandemia, el incremento de hasta un 312% en los costes de suministro de energía eléctrica -segundo coste más relevante después de los cánones- y el incremento en la adición a la modalidad B por la utilización de líneas que ADIF AV tiene previsto aplicar a partir de 2023.

El documento advierte también de que existe margen para ampliar el apoyo económico a ADIF AV, que, a diferencia de los administradores del entorno europeo, apenas recibe subvenciones de explotación, “lo que le empuja a establecer cánones elevados con los que recuperar todos los costes de una red que no fue planificada bajo criterios de rentabilidad económica”.