Así se desprende del estudio ‘Infradenuncia de los Delitos de Odio en España: ¿Por qué es tan alta?’ elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (Ondod), la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad de Salamanca, además de varios investigadores especializados, entre los que destaca el director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), Tomás Fernández.

Además, las agresiones físicas y las amenazas violentas son las únicas que logran romper el silencio, revelando que solo el miedo extremo impulsa la denuncia. “Las agresiones que comprometen directamente la integridad física se perciben como situaciones límite en las que la intervención institucional se vuelve indispensable", explica el informe.

El informe, publicado en el anuario 2026 de psicología del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, constituye un análisis completo sobre la infradenuncia de los delitos de odio en España tras la realización de una encuesta con casi 800 participantes entre diciembre del 2020 y marzo de 2021.

Desde el Oberaxe difundieron este informe y pusieron en valor su relevancia doble: “Por un lado, ayuda a dimensionar la magnitud real del problema y, por otro, señala las áreas en las que debe reforzarse la intervención institucional para aumentar la confianza en el sistema de justicia”.

La familiaridad o cercanía entre víctima y agresor es un factor esencial para decidir denunciar o no los delitos de odio. En concreto, el estudio revela que cuando el delito es cometido por un vecino o un familiar, la tasa de denuncia aumenta considerablemente. El análisis interpreta esta dinámica de dos maneras: por un lado, la proximidad del agresor puede incrementar la sensación de amenaza continua, y por otro, algunos contextos relacionales pueden generar un mayor nivel de evidencia o testigos.

En cambio, cuando el agresor es un amigo, un compañero de trabajo o un compañero de estudios, la denuncia prácticamente desaparece. Esto se debe a una “estrategia evitativa para huir de conflictos en entornos profesionales, por ejemplo”.

En esta línea, incidentes menos intensos, como insultos o gestos ofensivos, tienden a “normalizarse y a ser gestionados de manera privada por las víctimas”, lo cual reduce “significativamente” la denuncia, según explica el texto. Asimismo, los coautores de este estudio aseguraron que el silencio de las víctimas “no significa ausencia de odio, sino una sensación sostenida de vulnerabilidad que las instituciones deben aprender a reconocer y atender”.

OTROS PERFILES

Otro patrón destacable es que los ciudadanos en situación de desempleo o los jubilados tienen tasas de denuncia mayores. Así, las personas jóvenes o estudiantes suelen ser quienes menos se animan a denunciar los abusos.

El informe atribuye esto a que los pensionistas o las personas en el paro disponen de más tiempo para realizar la denuncia y también, en el caso de los jubilados, tienen una mayor experiencia y menor temor, y por otro lado, al ser ambos colectivos vulnerables socialmente, perciben la denuncia como el último recurso para garantizar sus derechos.

Sin embargo, entre las conclusiones del estudio se señala que los estudiantes, especialmente los más jóvenes, denuncian menos debido a lo que se denomina en el texto “cultura del silencio”, marcada por la desconfianza hacia la autoridad, el miedo a la exposición pública o la percepción de que los adultos no tomarán en serio sus experiencias.

Asimismo, la investigación detecta que las víctimas recurrentes están también entre las que menos denuncian. Es decir, las personas que sufrieron varios episodios de victimización no recurren más a las autoridades. Al contrario, denuncian menos porque normalizan el abuso.

Según indica el informe, la repetición genera un efecto de desensibilización o resignación, donde las víctimas interiorizan el odio como parte de su cotidianidad. Por ello, los autores del informe marcaron esta normalización del maltrato como uno de los mayores desafíos para las políticas públicas, ya que implica romper dinámicas sociales que erosionan la confianza institucional para ofrecer una respuesta eficaz.

Otro hallazgo significativo del análisis se refiere al grado de conocimiento sobre los delitos de odio. Un porcentaje considerable de víctimas no sabe que las agresiones sufridas constituyen un delito, o desconoce que están tipificadas en el artículo 510 del Código Penal.

Esta falta de información es una barrera directa para la denuncia, “si la víctima no reconoce la gravedad legal de lo ocurrido, es improbable que decida activar un mecanismo formal de protección”, recoge el informe. Así, el estudio señala la necesidad de extender campañas de sensibilización que expliquen qué es un delito de odio, cómo reconocerlo y dónde acudir para obtener apoyo.

La investigación se enfrentó a algunas dificultades. Por ejemplo, la muestra de participantes contaba con baja representación de migrantes, uno de los colectivos más afectados por el odio. Por eso, el informe subraya que futuros estudios deberán reforzar estrategias para llegar a gente menos representada, especialmente aquellas con barreras lingüísticas o menor acceso a canales institucionales, como el espacio de denuncia de Oberaxe.

A partir de estos resultados, el estudio propone recomendaciones orientadas a fortalecer las políticas públicas: reforzar la formación de las fuerzas de seguridad, mejorar la coordinación con organizaciones sociales, facilitar canales de denuncia alternativos y desarrollar iniciativas específicas para jóvenes y víctimas reincidentes.

El informe también destaca la importancia de incrementar la presencia de personal especializado en delitos de odio que pueda ofrecer acompañamiento y apoyo durante el proceso de denuncia.