“No voy a decir nada. Se lo va a decir el Papa cuando venga a España, va a recordarles lo miserables que son y se quejarán y dirán que está politizado”, expresó Sordo este lunes en la rueda de prensa de presentación del Primero de Mayo.

El secretario general de CCOO también les tachó de ser “lo más antievangélico que existe en el mundo” y de “crueles, clasistas y racistas”.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que el pacto entre las dos formaciones recoge todas “las demandas y exigencias de la ultraderecha”, y avisó que algunos puntos son contrarios a la legislación española, tanto a las leyes ordinarias como a la Constitución.

“El PP y Vox son garantes de la unidad de la patria y contrarios a cualquier proceso de transferencias de competencias, salvo cuando llegan a estos acuerdos. Tiene mucho que ver con una campaña electoral en Andalucía y con el deseo de agitar para ver cuál de los dos partidos obtiene más votos en Andalucía”, dijo Álvarez en referencia a las elecciones del 17-M.

Los líderes sindicales también se pronunciaron sobre el proceso de regularización de inmigrantes y aseguraron que se trata de una medida eficiente desde el punto de vista económico, que incluso la patronal y, en concreto, las patronales sectoriales, aplauden.

Álvarez explicó que, en esta cuestión, las empresas piensan en el sistema productivo y no “en las voces políticas ajenas”, de ahí su apoyo a la regularización de 500.000 personas que ya se encontraban en España. En su opinión, esta distancia entre los empresarios y la derecha pone de manifiesto “hasta qué punto la posición del PP es contraria a la lógica y a la economía”.

“Va a favorecer que los que no tienen trabajo puedan ocupar uno de esos trabajos y los que están en la economía sumergida puedan aflorar”, defendió.

En la misma línea se pronunció Sordo, que señaló el diferente discurso entre los intereses de las empresas y de los políticos. El secretario general de CCOO aseguró que las patronales son conscientes de que van a tener “serios problemas” para encontrar trabajadores y “no les queda otro remedio” que apostar por este proceso porque la curva demográfica de España no da para cubrir las vacantes de mano de obra.

Por esta razón, Sordo abogó por unos “flujos ordenados de migración”, para evitar situaciones de abuso y de ilegalidad, y reducir la situación de vulnerabilidad de las personas en situación irregular. También recordó que no basta solo con política migratorias, sino de formación y cualificación de esas personas, y reclamó un plan específico de actuación de la Inspección de Trabajo para condenar la explotación laboral.

Por su parte, Álvarez denunció la presencia de mafias que trafican con los inmigrantes, tanto en su llegada a España como en el proceso de regularización, y pidió a las autoridades y a la fiscalía que intervengan de oficio y persigan los actos criminales relacionados con las webs falsas para acceder a la cita previa de la regularización.

También reclamó más medios para las administraciones que se encargarán de los procesos de regularización, para evitar colapsos en el sistema. Sordo secundó que se necesita más personal y recordó que, si bien el proceso de regularización se extiende hasta el 30 de junio, los expedientes se seguirán tramitando tiempo después.