Stampa hace esta reflexión en su libro ‘El Complot’, publicado hace unos meses, en el que sostiene que la exministra de Justicia y ahora fiscal Dolores Delgado y su marido y abogado Baltasar Garzón maniobraron para apartarle del sumario referido a la investigación al excomisario José Manuel Villarejo.

Se da circunstancia de que este martes se escuchará en el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la grabación que Stampa hizo a Leire Díez cuando le planteó que ayudase a desbaratar las causas de corrupción contra el PSOE. Esta grabación dura unas tres horas y, según el fiscal denunciante, se menciona hasta en doce ocasiones al presidente Pedro Sánchez.

A este respecto, en su libro ‘El Complot’, Stampa sostiene que “hace falta mucha reflexión antes de seguir reclamando un cambio legislativo que atribuya a los fiscales la instrucción de todas las causas penales”. Esta reforma está ahora mismo en el Congreso, donde el Gobierno envió ya el proyecto de ley que incluye este aspecto y que forma parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

MIEDO A NO SER REELEGIDO

Según relata el fiscal en su obra, “el nombramiento por el Gobierno del fiscal general y la dependencia jerárquica no son los principales problemas” en cuanto a la independencia de estos funcionarios si pasan a instruir causas penales.

“Sí lo son, entre otros”, indica, “las órdenes verbales, los nombramientos y las renovaciones en determinados puestos por designación discrecional del fiscal general (quien, actualmente, debe autorizar cualquier decisión de otro fiscal cuando este investiga a un ciudadano en un asunto que aquel considere «de trascendencia», recordemos), la falta de compañerismo (que no corporativismo) o el miedo, frecuentemente confundido con la prudencia o el servilismo”.

Para este integrante del Ministerio Público, “la prudencia es un dogma en sí mismo. Pero el miedo es un concepto incompatible con ser fiscal”.

A su juicio, “los nombramientos por períodos limitados con la posibilidad de volver a nombrar a los fiscales conllevan el riesgo de que el fiscal tome sus decisiones no sobre la base de la ley, sino con la idea de complacer a quienes lo vuelvan a nombrar”.

“Se trata este”, continúa, “de uno de los aspectos más problemáticos del Ministerio Fiscal, habida cuenta de la muy limitada regulación de esta materia al respecto, lo que está llevando a planteamientos más que cuestionables en los que con frecuencia no priman méritos adquiridos por el esfuerzo y la dedicación objetivamente valorables, sino intereses de otro tipo, incluyéndose los del superior jerárquico”.