Con esta medida, el Ejecutivo regional continuará con los trámites establecidos administrativamente para proceder al derrumbe de forma controlada del bloque de viviendas.

Mañana se enviará el proyecto de demolición al Colegio de Arquitectos para su visado y posteriormente se solicitará la aprobación del mismo al Ayuntamiento de la localidad y así poder comenzar el derribo supervisado de 24 viviendas, dos locales comerciales y 39 plazas de garaje.

Asimismo, Transportes informó de que ya se han iniciado los trámites para la modificación del encargo de emergencia que dé cobertura a la demolición.

En septiembre del pasado año, el Consistorio declaró la ruina física inminente ordenando el desalojo de los vecinos e instando a rehabilitar o demoler (sin concretar en qué caso se podía demoler ni con que alcance, que en ruina física inminente es muy excepcional).

Posteriormente, el Ayuntamiento de San Fernando, por decreto el 26 de enero de 2022, inició el expediente de ruina legal urbanística donde instaba en algunos apartados la demolición y en otros la rehabilitación. El 8 de febrero, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras y la asociación de afectados de Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares presentaron alegaciones que fueron estimadas por el Consistorio, exponiendo que la única opción técnica era la demolición.

El edificio, situado en la calle Presa, 4 y Rafael Alberti, 1 y 3, lleva desalojado desde el pasado 22 de septiembre del 2021 al presentar graves daños y con peligro de derrumbe afectado por la línea 7B de Metro.

La Consejería de Transportes e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Infraestructuras, realiza visitas y trabajos continuos de auscultación semanales de lectura de movimientos.

Hasta la fecha, la Administración regional tiene realojadas a 32 familias, la mayoría en apartahoteles, a los que se sumarán las 14 familias de las calles Pablo Olavide y Ventura de Argumosa, cuya alternativa habitacional será en régimen de arrendamiento cuyo coste será asumido íntegramente por la Administración regional, al igual que los gatos de los tres suministros (agua, luz y gas).

Según la citada Consejería, desde la Comunidad de Madrid no se está escatimando ningún recurso humano y económico para solventar cuanto antes esta situación, y por eso desde 2008 y 2009 se lleva monitorizando los movimientos de la infraestructura ferroviaria del tramo Coslada – San Fernando de la línea 7B, de los edificios y del propio terreno circundante. Esta monitorización ha garantizado que no existan hasta el momento daños contra las personas y ha permitido conocer la evolución del terreno de manera lineal y constante.

La Comunidad de Madrid ha invertido cerca de 30 millones de euros en estos trabajos y sólo en 2022 se destinará una partida presupuestaria que ronda los 7,8 millones de euros para estas actuaciones.