En un comunicado, señaló que, particularmente, para las empresas de trabajo temporal implicaría costes adicionales por más de 690.000 euros, derivados de los cálculos de todas las nóminas complementarias que deban hacerse una vez se ponga en marcha el nuevo SMI.

Esta situación se produce después de que el Congreso de los Diputados rechazara la prórroga del Real Decreto-ley 16/2025, que garantizaba la continuidad del SMI de 2025 (1.184 euros mensuales), hasta la aprobación del nuevo. Ante el vacío legal generado, para el que la normativa vigente no está preparada, el Ministerio de Trabajo ha emitido el Criterio Interpretativo 1/2026, que ordena mantener como referencia el SMI de 2025 hasta que se publique el de 2026, que se fijará en 1.221 euros mensuales (un 3,1% más), tras el acuerdo entre el ministerio y los sindicatos mayoritarios, sin contar con la participación de la patronal empresarial.

Asempleo recordó que, según establece la normativa, cuando el nuevo SMI se publique, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que todas las empresas deberán recalcular las nóminas ya cerradas y pagadas desde principios de año.

“Emitir nóminas complementarias genera un sobrecoste importante para las empresas, y en algunos casos, se tendrá que contactar con trabajadores que ya no forman parte de la plantilla, generando incertidumbre jurídica y administrativa”, alertó Asempleo.

Desde el equipo de estudios de la asociación, el recálculo implicaría un tiempo adicional de gestión estimado en 14 minutos por cada caso (seis minutos de recálculo y 8 minutos de emisión de nómina complementaria), un precio hora de consultoría de nóminas de 57 euros y un coste unitario de recálculo de 13,30 euros.

“Esto tiene altísima incidencia en sectores con alta rotación de personal como el de las ETT y las agencias de empleo, se traduce en miles de horas de trabajo administrativo no productivo”, añadió Asempleo.

Asempleo ha tomado como base la realización de 1.185.600 contratos totales y 220.258 contratos en el tramo SMI a nivel nacional (aproximadamente un 18,6% del total). En las ETT, 281.207 contratos totales y 52.242 en el tramo SMI (un porcentaje equivalente). "La dificultad real de repercutir este coste administrativo sobre el cliente final afecta los márgenes y la productividad del sector, penalizando la competitividad de empresas que ya operan con exigencias muy altas de cumplimiento normativo", señaló el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.