González Armengol, tras señalar que "es hora de que se nos tome en serio", precisó que su asociación mantiene también las otras dos medidas de presión que ya había anunciado, boicotear las juntas electorales y los tribunales de oposiciones, aunque inicialmente no cuenten con el respaldo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD).

El portavoz de la Francisco de Vitoria reconoció que estas os medidas son "extremas", por lo que están abiertos, en aras a la "unidad de acción", a pactar iniciativas menos drásticas, como reservar un solo día para celebrar juicios, algo que ahora se realiza a lo largo de toda la semana.

En la reunión de mañana, en la que participarán las cuatro asociaciones judiciales y las dos de fiscales, es poco probable que prosperen propuestas de huelga o boicot a tribunales de oposición y juntas electorales, ante la oposición de la APM y la JpD.

Para el portavoz d la APM, José Luis Requero, los jueces y magistrados no pueden declararse en huelga, y el boicot a las juntas electorales sería ponerse "al nivel de Herri Batasuna boicoteando unas elecciones. Sería el error de los errores".

Requero es partidario de tomar medidas "que no afecten a los ciudadanos" y siempre dentro de lo que permite "estrictamente" la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por su parte, el portavoz de JpD Ricardo Bodas ha asegurado que su asociación "no va a participar en ningún tipo de niciativa que suponga perjuicio para los ciudadanos".

Bodas añadió que JpD va a intentar mantener "una posición unitaria (con el resto de asociaciones) hasta el final, porque nos parece que ésta es una pelea en la que nos hemos metido todos juntos y hay que intentar salir todos juntos".

Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ya ha dicho que es "imposible" acometer ahora la subida salarial demandada por jueces y fiscales y ha añadido que el dinero del presupuesto "es pra mejorar la justicia, no es para que los jueces ganen más".

Las asociaciones de jueces y fiscales dedicieron estudiar medidas de presión, tras el infructuoso encuentro que mantuvieron el pasado 3 de noviembre con el secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, que limitó la subida salarial para el año 2.000 al 2%.

Las asociaciones de jueces reclaman la recuperación del poder adquisitivo que vienen perdiendo desde 1989, así como una regulación de su sistema retributivo. Para esto se apoyan en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyos artículos 402 y 403 garantizan a los jueces "una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional" y establecen que el régimen salarial se regulará por ley.