Para ello, el SUGC propondrá a todos sus afiliados y simpatizantes que no acudan a los actos festivos. En la mayoría de los puestos de la Guardia Civil, así como en las distintas comandancias, cabeceras de provincia o no, el 12 de octubre se oficia una misa a la que son invitdas todas las autoridades públicas del municipio o provincia.

Después de los actos religiosos, los jefes condecoran a los números que han participado en los servicios humanitarios más importantes, captura de productos de contrabando y estupefacientes y en acciones de especial valentía.

La jornada festiva finaliza con un agape que se ofrece a todos los oficiales y simpatizantes de la Guardia Civil.

Asimismo, el sindicato procederá en los días previos al de la Hispanidad a realizar una campañade pintadas de carteles reivindicativos en favor de su legalización.

El SUGC ha adoptado esta actitud en protesta por la persecución que sufre sus miembros y dirigentes, tanto por los mandos del cuerpo como por la justicia militar y el poder político.

"El Día del Pilar todas las autoridades visitan las comandancias, pero nunca están ni quieren resolver los problemas de los guardias civiles", señaló Joaquín Parra Cerezo, líder del sindicato clandestino, para fundamentar su protesta.

Parra Cerzo, presidente de la Ejecutiva Nacional del SUGC denunció hoy en Málaga los métodos que la justicia militar adopta contra los sindicalistas, entre los que destaca el internamiento de sanatorios mentales, el ingreso en prisión y la expulsión del cuerpo.

Parra, que compareció en rueda de prensa acompañado de dos militantes más, ambos en situación de libertad condicional, se encuentra separado del cuerpo por una resolución administrativa del Ministerio de Defensa, a pesar de lo cual, el dirigente del sinicato confía en que su caso sea sobreseido y pueda solicitar la reincorporación al cuerpo, "en un plazo inferior a tres años".

INTERNADOS EN PSIQUIATRICOS

Además, denunció que los dirigentes y afiliados que son detenidos por guardias civiles cuya única misión encomendada es la desarticulación del SUGC, suelen acabar internados en hospitales psiquiátricos militares para "hacerles un lavado de cerebro y así romperles su personalidad".

Parra dijo que las causas mínimas para ser ingresado en un santorio mental residen en la solicitud de un recurso de "aveas corpus" ante un juzgado de instrucción si es detenido por su actividad sindical, la interposición de un recurso en vías de protección de derechos fundamentales, así como el propio intento de constituir asociaciones sindicales.

En un documento interno de la Dirección General de la Guardia Civil, al que tuvo acceso el sindicato, las causas que conllevan al internamiento psiquiátrico de guardias civiles son consideradas como "comportamientos atpicos".

Asimismo, Parra indicó que, en una carta que el director general de la Benemérita, Luis Roldán, dirige al general jefe de la cuarta zona (Cataluña), le recomendaba que "la disciplina sigue siendo un factor esencial en todo cuerpo militar, y, en este sentido, ninguna falta, ni aún la más leve es disimulable, debiendo proponer la instrucción del oportuno expediente para dilucidar si la conducta de aquellos miembros que lesionen gravemente los principios básicos de disciplina y actuación que conleven un perjuicio para el servicio que presta a esta institución resulta acreedora de causar baja en el cuerpo".

Para el SUGC, la nota de Roldán es un claro signo de la represión interna que sufre el cuerpo.

COMPORTAMIENTO POLITICO

Durante el internamiento en un centro psiquiátrico, los miembros del SUGC son sometidos a una serie de test psicotécnicos "al estilo OTAN", por el que se analiza el comportamiento político del individuo.

El líder sindicalista indicó también que las actitudes repesivas en el seno de la Guardia Civil se fundamentan en que los mandos viejos quieren seguir imponiendo el régimen militar adoptado con la dictadura franquista.

"Los mandos antiguos que entraron en la Guardia Civil con la cultura mínima, prácticamente sabiendo solo leer y escribir y que fueron ascendidos porque no había otros, ellos quieren imponer la cultura franquista a la democrática y lo intentan inculcar a las nuevas generaciones, mucho más cultas que ellos y algunos con carreras universitarias speriores", afirmó Parra, que denunció las pésimas condiciones de las academias de Ubeda y Baeza, donde comienza "el lavado de cerebro".

Además, acusaron al Ministerio de Interior de inscribir a la Asociación de Guardias Civiles por la Democracia, "una asociación jurídica con el único propósito de contratar a abogados y juristas que nos defiendan ante los tribunales, no solo por causas sindicales".

El dirigente afirmó que la superioridad ha iniciado 200 procesos contra miembros del SUGC, mientras ue otros tantos números acabaron internados en sanatorios psiquiátricos militares.

Según su relato, unos 400 guardias fueron privados de libertad y las autoridades del instituto armado iniciaron otros tantos expedientes disciplinarios.

En cuanto al número de afiliados, dijo que no lo conoce con exactitud, si bien consdidera que la militancia ronda en la actualidad la cifra de seis mil guardias.

Entre las acciones legales iniciadas por los responsables del sindicarto clandestino para su legalzación, resaltó los recursos presentados ante la Comisión de los Derechos Humanos de Estrasburgo y ante el Tribunal Constitucional (TC).

El TC ya ha declarado que la Guardia Civil es un cuerpo policial y no militar, si bien el nuevo régimen disciplnario de la Benemérita reconoce su naturaleza militar.

En sus alegaciones para reivindicar la legalización, el SUGC reclama que el convenio europeo para la protección de los derechos humanos, como el pacto internacional de derechos civiles y políticos, econocen y garantizan el derecho a constituir sindicatos tanto en los cuerpos de policía, como en las fuerzas armadas.

Esos tratados internacionales fueron ratificados por el Congreso de los Diputados y el Senado en 1979, por lo que vinculan al Estado español. "La Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil", precisó Parra, "no puede castigar con la expulsión del cuerpo al guardia que, amparándose en esos tratados internacionales, promueva un sindicato".