En declaraciones enviadas a los medios, Barbero estimó que la exigencia del Supremo, contra el criterio del Ministerio de Justicia, de que los solicitantes de derecho a voto tengan que acreditar, para que se les conceda, que son, efectivamente, hijos o nietos de exiliados, "es tremendamente preocupante por dos motivos".

Por un lado, la portavoz de Sumar cree que la decisión "abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima porque restringe el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello; es decir, a personas con la nacionalidad española".

Por otro lado, Barbero percibe la resolución del Supremo como "la enésima prueba de que el poder judicial no quiere que este Gobierno gobierne". Por todo ello, la portavoz parlamentaria sentenció que "resulta muy dificil para ninguna persona progresista en este país confiar en la justicia en estos momentos".