En rueda de prensa en el Congreso, Santiago celebró que con la entrada en vigor de la reforma del Reglamenteo de Extranjería "España nuevamente da un ejemplo ante el mundo garantizando derechos". Más tarde recordó que, además de dar certidumbre y una vida digna a muchas personas, éstas pagarán impuestos y contribuirán por tanto a los servicios públicos.

El portavoz de IU prometió a los trabajadores de las oficinas de extranjería en huelga trabajar "para que sus lógicas y justas reivindicaciones se atiendan lo más pronto posible" y dio las gracias a las distintas organizaciones que han apoyado la regularización, citando entre ellas a la Iglesia Católica.

Santiago, aun respetando el dictamen del Consejo de Estado que incitó al Gobierno a pedir certificados de antecedentes penales a los inmigrantes que quieran regularizarse y no meras declaraciones responsables, afirmó que la Convención de Ginebra de 1951 "exime expresamente a los solicitantes de asilo de presentar documentos expedidos por sus autoridades nacionales", y llamó la atención al PP sobre que, con ese requisito, exiliados procedentes de Venezuela o Irán no podrían nunca solicitarlo.

A los populares les reprochó "argumentos incluso más chuscos que los manejados por Vox" para poner el foco en los antecedentes penales y policiales de los inmigrantes, y hablar de regularización "a granel" como si se tratara de "mercancías". Con cierto sarcasmo, apuntó que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien recientemente dijo haber estado retenida en controles policiales más que el soldado español arrestado momentáneamente por Israel, ya tiene por ello antecedentes policiales.

En esa línea, citó a los exministros del PP que han sido condenados en los tribunales y aseguró que son "mucho más peligrosos para este país que la inmensa mayoría de trabajadores" inmigrantes. Más tarde, añadió que "es inaceptable, e incluso debe de ser pecado", que las comunidades del PP pretendan hacer "sabotaje" a la regularización y les invitó a justificar su actitud al Papa y a la Conferencia Episcopal.

MADRID

"Especialmente escandalosa" le parece la de la Comunidad de Madrid, a cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, recordó que tiene muchos votantes inmigrantes. En esta línea, pidió a los inmigrantes ya regularizados y a los españoles que en su día fueron emigrantes "que no olviden esa actitud inhumana, insultante y racista del Partido Popular y de Vox cuando vayan a votar".

Sobre el caso de los apátridas saharauis, reconoció, a diferencia del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que, aunque ninguna nacionalida esté excluida del proceso, sí sufren "discriminación" por tener que renunciar a su condición de apátridas para solicitar la regularización en este proceso; la injusticia que la diputada de Más Madrid en Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, acotó ayer a Servimedia para argumentar sus críticas al decreto del Gobierno.

Aquí, el portavoz de IU se comprometió en nombre de todo Sumar a "encontrar una solución urgente para que este colectivo no sea nuevamente discriminado" y "obtenga a la mayor brevedad su permiso de residencia y trabajo como cualquier extranjero vaya a acogerse al procedimiento de regulación extraordinaria".

De esa forma, los saharauis tendrían "rápidamente reconocidos los mismos derechos y efectos que tendrían si optaran al proceso de regularización". "Eso es lo que estamos trabajando, y soy optimista, porque desde mi punto de vista técnicamente la solución es sencilla", aventuró, si bien añadió que el problema es que las solicitudes de apatridia tarden más de tres años en resolverse en España porque las oficinas de extranjería están "bajo mínimos".

Santiago pidió además acelerar la aprobación de la ley de reconocimiento de la nacionalidad española a los saharauis que fueron españoles de origen y a sus descendientes, presentada por IU y que espera a que se convoque la ponencia en la Comisión de Justicia del Congreso.

El portavoz de IU constató que hay "amplia mayoría parlamentaria" para sacarla, con el PP si el PSOE no quiere "por miedo a actuaciones de Marruecos". No obstante, Sidi subrayó ayer a esta agencia que esto afecta a saharauis ya regularizados, no a los apátridas.