Así reaccionó Sumar a la publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial por la que se concede la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, por la que se prorroga la actividad de sus dos reactores durante 31 y 19 meses, respectivamente, hasta junio de 2030.

En un comunicado, Sumar atribuyó la decisión “al Partido Socialista en el Gobierno” de la concesión de la prórroga y manifestó su “más absoluta disconformidad”, ya que supone “una profunda ruptura del compromiso expresado desde hace años con la ciudadanía”.

Para la formación que ahora lideran Verónica Martínez Barbero, su portavoz en el Congreso, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, “seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía”.

Asimismo, aseguraron que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear en el que se basa en gran medida la decisión “reconoce constantes incumplimientos en materia de seguridad por parte de Iberdrola, Endesa y Naturgy”.

Por ello, criticaron que “las constantes concesiones al oligopolio energético implican que un sector clave sigue teniendo privilegios en vez de obligaciones”. Para Sumar, “lo que necesita Extremadura son políticas industriales del siglo XXI, que generen empleo de calidad, con planificación democrática, reequilibrio territorial e inversión pública”.

Finalmente, desde Sumar reclamaron mantener el calendario de cierre acordado, previsto para 2035, y medidas tales como canalizar las inversiones hacia el almacenamiento y la integración de energías renovables, realizar una auditoría de las cuentas de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), o la aprobación de un plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz.