Fuentes gubernamentales de Sumar y del PSOE confirmaron a Servimedia que la negociación para sacar adelante los dos decretos, uno sobre pensiones y medidas de seguridad social, y el otro con la moratoria de los desahucios y el escudo social, aprobados este martes por el Consejo de Ministros, fue "intensa" y "de muchas horas y llamadas".

El lunes por la mañana, en el socio minoritario andaban confiados en que el mayoritario no dejaría caer ninguna de las medidas incluidas en el escudo social, en particular la moratoria de desahucios. "Estamos alineados en esto", atestiguaban pese a haber sido muy vehementes en la rueda de prensa en que no permitirían que decayera dicha moratoria. Pero, a primera hora, ya no las tenían tan claras.

Y es que la configuración de los dos decretos aprobados hoy no era la que defendieron los socialistas ante sus socios. El 'ala socialista' del Gobierno reconoce que buscaron llevar en un decreto la revalorización de las pensiones y el escudo social y que en el segundo decreto fuera sola la moratoria antidesahucios, considerándola una materia que "es menos respaldada" entre las fuerzas parlamentarias, con el riesgo de que decayese en votación en el Congreso.

Sin embargo, fuentes gubernamentales de ambos partidos admiten que "la cosa cambió en el último momento", ya durante la reunión del Consejo de Ministros. Sumar presionó a su socio ante la desconfianza de que Junts no aprobase la moratoria de los desahucios en la Cámara Baja, tal y como estaba reflejada.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así se lo expusieron a los socialistas, forzándoles a aprobar un primer decreto que incluye la revalorización de las pensiones y medidas de seguridad social por un lado, y, por el otro, otro que contiene el llamado escudo social, con la moratoria y también ayudas a la dana y otras medidas que, según piensan en Moncloa, "será difícil que Junts no lo apruebe".

En Sumar no son demasiado críticos con los virajes del PSOE. Aunque en público, Urtasun constató que había habido "presiones" para sacar los desahucios del resto del escudo social, a la vez justificaban que los socialistas se plantearon "al menos salvamos esto". Sin embargo, en su opinión, haber separado los desahucios del resto del escudo social habría puesto en bandeja a los partidos de la derecha quedar bien con todos los colectivos beneficiados por dicho escudo, desde bomberos hasta víctimas de la dana, aprobando esas medidas, y a la vez mantener su discurso de que tumbaban la moratoria de desahucios porque favorece a los okupas. "Ahora lo tendrán mucho más difícil", creen en Sumar.

Pese a la insistencia de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, insistió en que, tanto con los socios de Sumar como con el resto de grupos ha habido diálogo "antes, durante y después para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias para que estas medidas vean la luz".

Fuentes de Moncloa añadieron que estos decretos "son de todo el Gobierno" y se aprobaron de esta manera porque "es la forma en la que creemos que mayor consenso vamos a obtener" en el Congreso. En Sumar llegan a confiar: "En este momento, creo que van a salir adelante los dos".

DESCONFIANZA HACIA JUNTS

Sin embargo, permanece la incredulidad en Sumar respecto a cuál será la postura de Junts, más si cabe, y a sabiendas de que el Ejecutivo no negoció ninguno de estos dos decretos con la formación que preside Carles Puigdemont. Así lo hicieron saber fuentes de Moncloa agregando que el Ejecutivo no ha negociado ni con Junts, ni con PP, ni con Vox estas medidas. Pese a ello, los socialistas, y también Sumar, esperan que Junts sí que vote a favor de estos dos decretos: el de las pensiones, que se da por seguro, y el del escudo social con la moratoria de desahucios.

Es más, consideran que su pacto con el PNV para eximir de la prohibición de desahucios a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler puede dar lugar a un empujón de Junts; un pacto que ese partido anunció horas antes de que el Ejecutivo lo hiciera público en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, y hasta el momento, Junts sólo se ha pronunciado para alegrarse de haber "forzado" al Gobierno, según la portavoz, Miriam Nogueras, a "rectificar" y aprobar un real decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el llamado escudo social. Nogueras dijo que estudiarán "la letra pequeña" del acuerdo y no garantizó su voto a favor de la convalidación del nuevo decreto cuando llegue al Congreso en un máximo de 30 días naturales.

Quien sí se pronunció con rotundidad, pero en contra, respecto a ese acuerdo con el PNV fue otro partido cuyos votos pueden ser también necesarios para convalidar el decreto: Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, habló de "asco absoluto" y de acuerdo "criminal", e ironizó con que el PNV planteara la modificación como un intento de incluir en el escudo social a los pequeños propietarios. "Pobrecitos", desdeñó, situándolos en la clase alta.

En Sumar consideran exagerada la reacción de su rival electoral a la izquierda del PSOE, se preguntaban si alguien se imaginaba que Podemos podría tumbar ahora el decreto alegando este motivo, y aseguran que hasta el Sindicato de Llogaters contaba con esta posibilidad y estaba dispuesto a aceptarla como mal menor. Urtasun cuantificó como "una parte muy pequeña" del total de inquilinos los que quedarán desprotegidos por el acuerdo con el PNV, y subrayó el otro añadido al decreto: que los desahuciados tendrán prioridad a la hora de acceder a viviendas sociales, así que estarán igualmente protegidos.

Por la tarde, en el Senado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reconoció que él habría preferido volver a aprobar el mismo decreto que la primera vez, sin excepciones, y elevar la "presión social" a los partidos que se resistan a apoyarlo, pero seguidamente resaltó que ahora "es importante" que esta nueva moratoria se apruebe en el Congreso.