En la rueda de prensa de los partidos de Sumar, la secretaria de Estado de Derechos Sociales y co-coordinadora de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, reiteró que el socio minoritario del Ejecutivo no comparte dicha prórroga. "En primer lugar, porque incumple el acuerdo de gobierno que firmamos con el Partido Socialista", subrayó.

Un motivo al que añadió que "es una pésima noticia para la soberanía energética" y que "compromete el conjunto de calendario de cierre nuclear", porque " los argumentos que se utilizan para prorrogar la vida útil de Almaraz pueden utilizarse para el resto".

Así, Martínez exigió "garantías de que se va a respetar el calendario fijado" y anunció que pedirám una reunión al Ministerio "para conocer qué acciones concretas van a permitir acelerar el despliegue renovable" y "asegurar que en 2030 ni Almaraz ni ninguna otra de las centrales nucleares se prorrogan".

Paralelamente, explicó, Sumar va a "a convocar una reunión con el G5, las principales organizaciones ecologistas", y también el sector de las renovables "para analizar este nuevo escenario", que a su juicio "ha introducido una gran inseguridad jurídica en el sector y que afecta a su desarrollo".

"El sector energético del país es mucho más que el oligopolio y tiene que ser escuchado y tenido en cuenta en las decisiones estratégicas", reivindicó. "Esta decisión afecta a la transición justa y al desarrollo futuro de los territorios que hoy en día tienen una central nuclear".

Martínez aseguró que "cualquier proceso de desmantelamiento de una central nuclear genera más empleo que mantenerla en funcionamiento" y que Extremadura necesita "proyectos industriales del siglo XXI" y no "mantener instalaciones obsoletas" que "son una barrera y una cortapisa a la soberanía energética".