La iniciativa se registró como "proposición de Ley para la modificación de los requisitos de exigibilidad del reintegro de prestaciones indebidas de la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del Ingreso Mínimo Vital", dado que el motivo desencadenante ha sido que la Administración ha empezado a exigir a beneficiarios del IMV la devolución de miles de euros debido a que, mientras lo percibían, aquéllos empezaron a recibir otros ingresos incompatibles con dicha ayuda.

En caso de ser aprobada, modificaría la Ley General de la Seguridad Social, en su texto redifundido en 2015, el procedimiento para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas y la propia ley de 2021 que estableció y reguló el ingreso mínimo vital.

La Ley de la Seguridad Social se vería modificada en su artículo 55, que es el que regula el reintegro de las prestaciones indebidas, y que se vería ampliado con un apartado quinto.

Dicho apartado establecería que no será exigible la devolución de prestaciones indebidas "cuando éstas se deban a un error imputable a la administración competente, y la persona beneficiaria no haya contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe", ni cuando "atiendan a necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad".

El texto registrado añade que "esta exención se extenderá a los hijos e hijas, personas menores de edad y mayores en situación de vulnerabilidad a cargo de las personas beneficiaria".

MENCIONES CONCRETAS AL IMV

Para acotar la situación de vulnerabilidad, la proposición de ley de Sumar menciona expresamente a los perceptores del IMV en una disposición adicional. "Se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, perciban el ingreso mínimo vital, la renta mínima de referencia en su comunidad autónoma" o cuando hayan percibido "unos ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional anual", puntualiza la iniciativa.

Una segunda disposición adicional a la proposición de ley concreta que serán no exigibles las prestaciones derivadas de la ley de ingreso mínimo vital y que se suspenderán todos los expedientes de reintegro del mismo incoados por la Seguridad Social.

La portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aina Vidal, firmante de la iniciativa, explicó en rueda de prensa en el Congreso que el ingreso mínimo vital "se concedió de forma automática a muchas familias" en el contexto de restricciones a la movilidad por la epidemia de covid-19.

Según detalló, la ayuda se entregó "sin tener en cuenta que había elementos de incompatibilidad con la propia medida" como la percepción de pensiones alimenticias de un exmarido, y esto "ha propiciado que haya miles de familias a las que a día de hoy el Estado les reclama una deuda absolutamente enorme, impagable". "Es parte también de un buen gobierno, de una buena administración, saber reconocer cuándo se cometen errores", justificó Vidal.

"Son muchísimas las familias afectadas", aseguró. "Y, por lo tanto, esperamos que pueda ser una ley que suscite acuerdo y una tramitación rápida, y que podamos sacar adelante la condonación de esta deuda a las familias y que los hijos dejen de ser, por lo tanto, responsables solidarios de una deuda que no contrajeron sus familias, sino que fue por un error en todo caso de la propia administración".