En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, dijo que ésos son “discursos inconstitucionales y racistas”, porque sólo cabe “hablar de derechos humanos y de personas”. Además, desdeñó que el PP hable en su lugar de "arraigo” y lo atribuyó a que “intenta encontrar eufemismos cuando no tiene sustento ninguno en la legislación española”.

“No sé cuántas veces ya el Partido Popular ha comprado marcos de Vox”, evocó Barbero, para quien los populares “vuelven a hacerlo aquí”. Y terminó asegurando que ya se sabía “cómo iba a acabar el PP” en sus pactos autonómicos con Vox: “Entregado” a su socio.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, también en el grupo parlamentario de Sumar, se alegró irónicamente de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “haya perdido la vergüenza”, y contrapuso que él defiende no la prioridad nacional, sino “la prioridad de clase”. Y remató: “Ante su asqueroso racismo, derechos para todos”.

En el mismo grupo parlamentario, y en otra rueda, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, interpretó que el pacto en Extremadura demuestra que “el PP no lleva las riendas, las lleva Santiago Abascal”. Dijo que le preocupa porque “esos acuerdos son ilegales e inconstitucionales” al establecer “ciudadanos de primera y de segunda”, pero sobre todo porque es “la antesala de un hipotético Gobierno” del PP y Vox que terminaría haciendo legales estas medidas.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó tajantemente que el acuerdo es “inconstitucional” porque “no se puede llevar a cabo ninguna discriminación, ni por raza, ni por edad, ni por sexo, ni por nacionalidad”.

Por tanto, dijo esperar que “la justicia actúe” y que el pacto, si se lleva a la práctica, “sea inhabilitado”, puesto que, además, políticamente es “un acuerdo racista que criminaliza a las personas migrantes”.