Así lo afirmó Hernández en unas declaraciones desde Palma, en las que celebró que se haya dejado atrás un modelo "que era absolutamente caduco y obsoleto", pero enfatizó en que ahora habrá que "poner en marcha" medidas "concretas" para "frenar y poner coto al 'dumping fiscal'".

Hernández señaló que "no puede ser que leamos declaraciones como las de Toni Costa, en las que dice que, efectivamente, no vamos a recuperar el impuesto de patrimonio y de sucesiones. Esto es una broma", dijo en alusión al portavoz del Gobierno balear, y añadió que "lo que no se puede permitir es que sigamos viendo dirigentes que siguen haciendo regalos a los ricos a costo de destruir y precarizar los servicios públicos".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este viernes que el Ejecutivo ya trabaja “en una propuesta para establecer un límite para evitar el 'dumping fiscal'”, ante la preocupación que genera en su cartera esta competencia a la baja entre comunidades autónomas.

Durante la rueda de prensa en la que presentó el nuevo modelo de financiación autonómica, Montero insistió en que el 'dumping fiscal' provoca “un vaciamiento” y censuró que las comunidades que más recurren a esa práctica sean las que “piden más recursos al Gobierno de España”.

La vicepresidenta primera aseguró que existe “cierto consenso” en limitarlo para imposibilitar que algunas figuras tributarias “queden en nada” y, a su vez, para poder “dotar de una mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas”.

Así, insistió en que “no tiene sentido” que el Gobierno haga “esfuerzos extraordinarios” para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego estos “bajen los impuestos en la parte que le corresponde”. Aunque por el momento se desconoce qué fórmula se usará, para evitar también atentar contra la autonomía política de cada región, Montero apuntó que el Impuesto sobre las Grandes Fortunas “marca un poco la línea y el camino”.

En cualquier caso, Hacienda está abierta a discutir con las comunidades autónomas para establecer una fórmula, que podría ir desde la reserva de un mínimo por parte del Estado hasta limitar la capacidad por parte de la comunidad autónoma.

Por otro lado, Hernández señaló, sobre las relaciones entre España y Venezuela, que "España como democracia y las empresas españolas que quieran contribuir y fomentar, desde su ángulo, que las democracias sean formas de gobierno vigentes en el siglo XXI, lo que hay que reflexionar es de qué lado queremos colocarnos".

En este sentido, señaló que si se quiere estar "del lado de Donald Trump, que ha inaugurado 2026 por la vía de la fuerza y la tiranía", o "del lado de la defensa de los valores democráticos, que están en riesgo", concluyó.